El régimen de Nicaragua canceló este jueves la personalidad jurídica a 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, con lo que suman más de 3.575 los Organismos No Gubernamentales (ONG) ilegalizados desde diciembre de 2018.
EFE
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral 8 ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan, y las otras 7 porque solicitaron su disolución voluntaria.
Entre las 15 ONG canceladas se encuentra la Fundación del Consejo Superior de la Empresa Privada (Funcosep), que era el brazo social de la principal patronal gremial de Nicaragua, que fue disuelto en marzo de 2023 por el Gobierno que preside Daniel Ortega.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior indicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas 15 ONG, suman más de 3.575 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
En la víspera, el Ministerio del Interior de Nicaragua y el Ministerio de Justicia de Rusia suscribieron un memorando de entendimiento sobre cooperación en el campo de la regulación legal de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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