La Justicia de Bolivia amplió este miércoles por novena ocasión la detención preventiva contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por el caso conocido como ‘golpe de Estado I’ en el que se le acusa de terrorismo en grado de complicidad por la crisis política y social de 2019 en Bolivia.
EFE
«Por 9ª vez un juez sin competencia amplía los 33 meses de privación de mi libertad y me acusan de cómplice de un delito que no existió», denunció la exmandantaria en un mensaje en la red social X.
La política sostuvo que en 2019 «hubo fraude» electoral a favor del entonces presidente, Evo Morales (2006-2019), y que su renuncia y «huida» del país provocó un «vacío de poder» y «violencia».
«Asumí y pacifiqué. El pueblo sabe quién es el verdadero terrorista», agregó.
El mensaje está acompañado por un video con un fragmento de la intervención de Áñez en la audiencia virtual celebrada en esta jornada, en el que la exgobernante transitoria sostuvo que se le acusa de ser «cómplice de un delito que nunca existió» y que ninguno de los acusados en ese caso ha cometido.
«Los verdaderos terroristas están libres y en total impunidad. Los que generaron toda la violencia por la ambición de perpetuarse en el poder y para ello cometieron un fraude electoral ahora resultan ser las víctimas» y «son intocables», cuestionó Áñez.
«Todos sabemos que esos terroristas fueron Evo Morales y (el exvicepresidente) Álvaro García, los hambrientos de poder», añadió.
Áñez está encarcelada preventivamente en una prisión en La Paz desde marzo de 2021 por el caso ‘golpe de Estado I’, por el que se le detuvo bajo cargos de terrorismo, sedición y conspiración por la crisis de 2019.
En la acusación formal del caso presentada hace unos días por la Fiscalía boliviana, la exgobernante transitoria fue sindicada en calidad de cómplice junto a otras tres personas.
El gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, preso desde hace un año en una cárcel en el Altiplano, fue acusado en calidad de autor junto a un exministro, un exjefe militar y un exjefe policial, para quienes el Ministerio Público pide 20 años de prisión por terrorismo.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un ‘golpe de Estado’ contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
Por este caso, dos exministros de Áñez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, fueron sentenciados a dos años de cárcel en un proceso abreviado que supone la admisión de culpa, al igual que otros cuatro exjefes militares que lograron sentencias menores bajo el mismo procedimiento.
Además de este proceso, hay otro denominado ‘golpe de Estado II’ en el que Áñez fue sentenciada a 10 años, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019 y también enfrenta al menos otros siete casos abiertos en la justicia ordinaria.
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