El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, presentó su Informe Anual 2023, en el que advierte sobre una sistemática vulneración de los derechos humanos en Venezuela bajo la gestión de Nicolás Maduro, que ya suma 10 años en el poder.
En el documento se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país.
La organización detalló que entre 2013 y 2023 se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
También contabilizaron al menos 10.085 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad, la mayoría de estos casos continúan sin ser investigados.
En ese mismo período, prosiguió, Provea registró un total de 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.
«Este es un indicador que viene subiendo año a año y que se debe, principalmente, por las penosas condiciones en que se encuentran las cárceles venezolanas, donde la población reclusa se enfrenta a pésimas condiciones, no solo hacinamiento, ausencia de agua, ausencia de alimentos», explicó Lissette González, coordinadora de investigación de la ONG.
Señaló que, en 2023, hubo 53 víctimas de «tortura», de los cuales -aseguró- tres fallecieron como consecuencia del daño ocasionado.
Añadió que, por primera vez en los registros de Provea, desde su fundación en 1988, «la mayoría de las víctimas (de tortura) fueron mujeres pobres, privadas de libertad», por parte de funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodios Penitenciarios (GRIC).
Provea señaló en el informe que el «irregular» funcionamiento del sistema de administración de justicia de Venezuela y el «copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos».
«De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados», reza el informe.
Provea pidió al Estado venezolano que se permita el ingreso de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos a los recintos carcelarios, «para constatar el estado de reclusión en que se encuentran las personas privadas de libertad, sobre todo los detenidos por razones políticas».
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