Un terremoto político con réplicas que no cesan. El exilio en España de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, ha golpeado con fiereza en la línea de flotación no sólo de la oposición democrática, también de la sociedad venezolana.
Dispuestos a reparar el impacto, y con María Corina Machado al frente, activistas y figuras de la sociedad civil lanzaron ayer en Caracas la Proclama de la Unión Superior de la nación venezolana, con el objetivo de enfrentar el sentimiento de derrota de la gente y de mantener la unión del campo democrático.
Pero un nuevo movimiento sísmico llegado desde Madrid precedió al cónclave de los demócratas. González Urrutia hizo público un segundo comunicado, pese a que se creía que no volvería a hablar hasta la reunión prometida con Pedro Sánchez a su regreso del viaje oficial a China. El diplomático, de 75 años, intentó explicar los motivos de su exilio: “Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”.
Quien fuera candidato presidencial de la oposición democrática sembró dudas al asegurar que se trata de “un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido. Soy incompatible con el resentimiento. Sólo la política del diálogo puede reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido”.
Durante el tira y afloja con la dictadura para abandonar el país, Edmundo ya insistió en la libertad de los presos políticos, una cifra que se ha disparado en Venezuela desde las elecciones. “Su libertad para mí es la gran prioridad, una exigencia irrenunciable”, ha asegurado este lunes el embajador. El estado de terror impuesto por el chavismo ha abarrotado las mazmorras de Nicolás Maduro, con, de momento, 1.793 prisioneros por motivos políticos, que incluyen a 225 mujeres y 59 menores. Persecución y hostigamiento que no sólo se ha empleado contra dirigentes políticos y activistas de la sociedad civil, también los ciudadanos que participaron en la gesta electoral del 28J y los jóvenes de las clases populares que salieron a protestar el 29 y 30 de julio.
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