La Unión Europea pide al Consejo Nacional Electoral (CNE), reconsiderar la revocatoria de la invitación para enviar observadores a las elecciones presidenciales de Venezuela, previstas para el 28 de julio.
La alianza internacional publicó este martes un comunicado a través de su cuenta en X.
«La Unión Europea lamenta profundamente la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de retirar su invitación a observar las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional, incluida la de la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial.
De conformidad con el acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de oposición, que establecía específicamente que la UE sería invitada a observar las elecciones, hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a reconsiderar su decisión.», reza el escrito.
Comunicación Unión Europea, 28 de mayo 2024. pic.twitter.com/yOiIDOZkjn
— Unión Europea en Venezuela (@UEenVenezuela) May 29, 2024
Más temprano el CNE, anuló la invitación, debido a la ratificación de sanciones del bloque comunitario y dirigentes del chavismo, informó este martes el presidente del ente comicial, Elvis Amoroso.
«El Poder Electoral revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la UE para que participe a través de una misión de veeduría», señaló Amoroso, a dos meses de las elecciones y poco después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, solicitara dicha anulación.
El CNE tomó esta decisión «basados» en el ejercicio de su «soberanía», y atendiendo al «incalculable daño patrimonial que se ha ocasionado al pueblo (por las sanciones), afectando a la salud de niños y ancianos», dijo el presidente del ente, pese a que las medidas aplicadas por la UE son estrictamente personales, por lo que no afectan a empresas estatales ni bienes públicos venezolanos que perjudiquen a la ciudadanía.
No obstante, insistió en que las sanciones impiden «el acceso a medicinas y alimentos, igualmente afecta la educación, el deporte, la economía, restringiendo a los empresarios, la adquisición de materias primas e insumos que es necesaria y que necesita la industria nacional, limitando además el ejercicio y el principio de libertad económica y su contribución al desarrollo de la nación».
Las sanciones -reiteró Amoroso- generaron «la pérdida de 125.000 millones de dólares que, sin duda alguna, estarían destinados a la inversión social», una afirmación que, en ningún caso, implica a la UE, que no aplicó medidas económicas al país, sino a particulares, entre ellos el propio presidente del CNE, que rechazó recientemente el levantamiento de sus restricciones.
«Desde el CNE exigimos a la UE que proceda al levantamiento total de las sanciones coercitivas unilaterales y genocidas impuestas a nuestro pueblo y cese su posición hostil contra Venezuela», insistió.
A su juicio, sería «inmoral» permitir la participación de la UE «conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela», pese a que Venezuela sí aceptó una misión de observación de los 27 en las elecciones regionales de 2021, cuando existían las mismas medidas.
La decisión -dijo- «se le va a hacer llegar inmediatamente a la UE para que entiendan que no son personas gratas para venir a este país mientras se mantengan las sanciones genocidas».
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