El llamado Cartel de Paraguaná operaba no sólo bajo autorización del régimen de Nicolás Maduro, sino con la participación activa de muchos de sus autoridades nacionales y locales.
El desmantelamiento del llamado Cartel de Paraguaná, que funcionó por más de una década en operaciones ininterrumpidas de envío de cocaína a Estados Unidos, y en el lavado de las ganancias procedentes de la venta de la droga, ha puesto de relieve conexiones directas e indirectas con altas figuras del régimen de Nicolás Maduro.
Al menos dos gobernadores y un grupo de dirigentes políticos, junto a funcionarios judiciales y policiales del régimen aparecen vinculados a miembros y dirigentes del cartel.
Incluso familiares de importantes líderes como Diosdado Cabello, aparecen relacionados aunque indirectamente con variadas aristas del escandaloso cartel, que operaba a plena luz del día con la aquiescencia de altos funcionarios militares, entre ellos el poderoso comandante de la Base Naval de Punto Fijo.
Otros altos personeros aparecen implicados de forma indirecta, según evidencia fotográfica que ha circulado ampliamente en las redes sociales en Venezuela. Entre ellos, el poderoso jefe de la policía judicial, el equivalente al FBI en Estados Unidos, Douglas Rico, quien aparece en varios eventos sociales al lado de uno de los detenidos. Y el mismo fiscal general del régimen, Tarek William Saab, quien también aparece en imágenes al lado de funcionarios acusados de narcotraficantes.
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