Los 3.000 millones de dinero venezolano retenido en el extranjero serán liberados en las próximas semanas, según informan a EL PAÍS fuentes conocedoras de la negociación. Los activos los manejará la ONU y se destinarán a obras y saneamiento para mejorar la vida de los venezolanos.
La liberación de estos fondos se acordó en noviembre del año pasado en México, en el diálogo entre el chavismo y la oposición, pero hasta ahora no se había puesto en marcha. Naciones Unidas temía que los acreedores del Gobierno pudieran reclamar el dinero. Sin embargo, Estados Unidos aseguró su protección en mayo. “En breve circulará ese dinero”, explican las mismas fuentes.
El chavismo había establecido la liberación de los recursos como su prioridad máxima. El Gobierno vive horas bajas, la supuesta recuperación económica venezolana resultó ser un espejismo para la mayoría de la población. El flujo de dinero, que incluye construcción de escuelas, hospitales y mejoras en los maltrechos servicios públicos, permitirán al chavismo mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones, que deben celebrarse en 2024. Este movimiento podría desatascar el diálogo en México, donde debe encontrarse una fecha concreta para esos comicios, a los que la oposición concurrirá con un candidato único.
El principal escollo para desbloquear los activos era la abultada deuda de Venezuela, que debe miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales. Varios acreedores se han centrado en los activos fuera del país congelados por las sanciones de EE UU para intentar cobrar las deudas del Gobierno y la petrolera estatal PDVSA. El Banco de Inglaterra tiene retenidas 31 toneladas de lingotes de oro y lo mismo ocurre con algunas cuentas del Banco Central de Venezuela en Estados Unidos. El secretario general de la ONU, António Guterres, temía que el asunto se convirtiera en un embrollo jurídico, pero la protección diplomática especial con la que Estados Unidos ha blindado los activos han desactivado todas sus prevenciones. El proceso involucra a funcionarios de los Departamentos de Estado y del Tesoro.
“Guterres está listo. Es el momento de contar con ese dinero”, aseguran fuentes de la negociación. Naciones Unidas, desde Nueva York, será depositaria del dinero y velará porque su destino sea el acordado.
Jorge Rodríguez, el principal negociador del Gobierno en México, dijo en su día que estos eran “recursos legítimos del Estado de Venezuela” y que recuperarlos “expresa el avance del derecho de nuestro pueblo al uso y disfrute de sus activos y recursos ilegal e injustamente bloqueados”. La liberación de los fondos no está supeditada a un gesto de apertura del Gobierno chavista. Sin embargo, la oposición y el país facilitador, Noruega, esperan que esto sirva para continuar avanzando en un diálogo que tiene como objetivo encontrar una salida pactada a la crisis política y social venezolana.
La comunidad internacional, con Emmanuel Macron y Gustavo Petro, también han mostrado su preocupación por la lentitud con la que camina el proceso. A estas alturas se esperaba que Maduro ya hubiera puesto una fecha concreta a las elecciones presidenciales de 2024 y que permitiera participar en ellas a políticos opositores que ahora mismo se encuentran inhabilitados. La votación, además, debería contar con observadores internacional ―como la UE en las regionales de 2021― que verifiquen que las elecciones son limpias e igualitarias. En otras palabras, que la oposición pueda disputarle de verdad el poder a Maduro.
Para eso, la oposición trata de concurrir a las elecciones con un candidato único. Salvo alguna eventualidad de última hora ―nunca se puede descartar en este contexto―, el 22 de octubre se celebrarán unas primarias de las que saldrá elegido un opositor que, como se ha acordado, contará con el apoyo del resto. La propia oposición las ha organizado, después de descartar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se involucrara. La favorita a ganarlas es María Corina Machado, aunque ha sido inhabilitada por el chavismo por 15 años. Machado puntea muy bien en las encuestas en su enfrentamiento directo con Nicolás Maduro.
El CNE acaba de nombrar a un nuevo director, Elvis Amoroso, un veterano militante chavista, integrante del PSUV, amigo personal de Cilia Flores, la primera dama, y autor de varias de las inhabilitaciones más célebres. Tres de los cinco rectores son afines al Gobierno chavista y dos pertenecen a cuotas opositoras. El ente será encargado de celebrar unas elecciones que Estados Unidos y Europa esperan que sean justas. Maduro, públicamente, ha dicho que serán libres si el país está libre de sanciones. El Estado tiene restricciones para vender su petróleo; establecer acuerdos económicos; adquirir repuestos; contratar servicios de compañías estadounidenses, canadienses o europeas; acceder al crédito internacional; y, hasta dentro de unas semanas, usar sus fondos congelados en el exterior.
Estados Unidos y Venezuela han hecho tímidos acercamientos en el último año, sobre todo desde que Washington planteó Caracas como una alternativa energética a Rusia, que había empezado su invasión a Ucrania. Funcionarios norteamericanos se reunieron con Maduro en la capital venezolana y más tarde se produjo un canje de presos entre los que se encontraban los sobrinos de Flores, la esposa de Maduro, que estaban detenidos por narcotráfico. Según reveló este periódico, Rodríguez y Juan González, asesor del presidente Joe Biden, se encontraron en mayo en Qatar para tratar de acordar otro intercambio de presos. Washington llevó esta reunión con el máximo secreto.
De todos modos, los dos países se miran con desconfianza. Los funcionarios de Estados Unidos creen que Venezuela siempre tienen alguna excusa para no democratizar sus instituciones y sus procesos electorales. Aseguran que ellos han tendido la mano a Maduro con gestos como la licencia que recibió Chevron para explotar petróleo en el país sudamericano. Aún así, no han visto avances significativos del lado venezolano. A su vez, el chavismo culpa a Washington de ahogarle económicamente con las sanciones y de haber intentado derrocar el Gobierno actual con la creación de uno paralelo, como fue el de Juan Guaidó. Esa vía de presión al final resultó ser un fracaso.
Ahora las partes tienen una nueva oportunidad de acercar posturas con la liberación de los fondos. La última palabra para que se distribuya ese dinero ha sido de Estados Unidos, que todavía mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo negociado. Maduro y Rodríguez deben ser quienes muevan la siguiente ficha marcando en el calendario la fecha electoral. A partir de ese momento se podrá construir la arquitectura de un proceso que la comunidad internacional espera que sea justo. El dinero retenido en el exterior ya no será un impedimento para ello.
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