El presidente de EE.UU., Donald Trump, minimizó este viernes su participación en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para deportar a inmigrantes venezolanos, diciendo por primera vez que no había firmado la proclamación, aunque apoyó la medida de su administración.
“No sé cuándo se firmó, porque yo no la firmé”, dijo Trump a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca este viernes por la noche.
El presidente hizo sus comentarios cuando se le pidió que respondiera a la crítica del juez James Boasberg en la corte este viernes de que la proclamación fue “firmada en la oscuridad” de la noche y que los migrantes fueron apresurados a subirse en aviones.
“Queremos sacar a los criminales de nuestro país, número uno, y no sé cuándo se firmó porque yo no la firmé”, dijo Trump. “Otras personas se encargaron de eso, pero Marco Rubio ha hecho un gran trabajo y él quería que se fueran y estamos de acuerdo con eso. Queremos sacar a los criminales de nuestro país”.
La proclamación que invoca la Ley de Enemigos Extranjeros aparece en el Registro Federal con la firma de Trump al final.
Horas después de que el presidente hiciera sus comentarios este viernes, la Casa Blanca dijo que Trump no estaba hablando de si firmó el documento la semana pasada.
“El presidente Trump se refería obviamente a la Ley de Enemigos Extranjeros original que se firmó allá por 1798”, señaló un comunicado de la Casa Blanca. “El decreto reciente fue firmado personalmente por el presidente Trump invocando la Ley de Enemigos Extranjeros que designó a Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera con el fin de aprehender y deportar a estos criminales atroces”.
Sin embargo, la afirmación de Trump de que “otras personas se encargaron”, y su cita específica de Rubio, contradice esa declaración de la Casa Blanca.
Trump mencionó el nombre de Rubio sin que los periodistas lo sugirieran. Cuando luego se le hizo una pregunta hipotética sobre si enviaría otro vuelo de deportación a El Salvador este viernes por la noche, en medio del litigio en curso, Trump dijo que dependería de Rubio.
“Yo diría que dejaría que el secretario de Estado se encargara de eso, porque realmente no estoy involucrado en eso, pero el concepto de sacar a las malas personas, asesinos, violadores, traficantes de drogas, todos estos son realmente algunas malas personas de nuestro país. Yo me postulé con eso. Gané con eso”, dijo Trump.
En una audiencia celebrada a primera hora de este viernes, Boasberg prometió averiguar si los funcionarios de la administración Trump violaron sus órdenes de bloquear temporalmente el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos para las deportaciones al negarse a dar la vuelta a dos vuelos el pasado fin de semana.
“Llegaré al fondo de si violaron mi orden: quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias”, dijo Boasberg casi al final de la audiencia de una hora sobre si debe levantar el par de órdenes que emitió el sábado pasado.
Boasberg, nombrado por el expresidente Barack Obama, se mostró indignado por la forma en que el Departamento de Justicia ha gestionado este caso tan cambiante, y abrió la audiencia criticando el tono adoptado por la administración en algunos de sus escritos ante el tribunal.
Dijo al abogado del Departamento de Justicia Drew Ensign que el Gobierno había utilizado un lenguaje “destemplado e irrespetuoso” que “nunca había visto por parte de Estados Unidos” al presentar varios argumentos jurídicos ante él a principios de esta semana, incluida la sugerencia de que sus órdenes desde el banquillo el sábado pasado tenían menos peso que una orden escrita que se emitió poco después de esos procedimientos.
Gran parte de la audiencia de este viernes se centró en los argumentos del Departamento de Justicia de por qué Boasberg debe levantar sus órdenes para detener, por ahora, el uso de Trump de la ley del siglo 18 para deportar rápidamente a algunos migrantes que EE.UU. ha acusado de estar afiliados a la banda venezolana Tren de Aragua. La administración argumenta que Boasberg se excedió en su autoridad al bloquear las expulsiones porque, dicen, el uso de la ley por parte de Trump no puede ser revisado por los tribunales federales.
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