Ocho países sometieron a consideración de los otros 26 miembros de la Organización de Estados Americanos, un proyecto de resolución que exige una investigación independiente sobre lo que describe como violaciones “graves y sistemáticas” de los derechos humanos en Venezuela.
El documento expresa una condena firme a los abusos atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo torturas, detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
El borrador no encarga a un ente específico la responsabilidad de la investigación pero exige acceso pleno a territorio venezolano para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que no ha recibido invitación de las autoridades venezolanas desde su última visita en 2002.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo a reporteros que de adoptar la resolución el Consejo Permanente de la OEA tiene que “explorar las distintas fórmulas posibles para la implementación” de una investigación. Agregó que si la CIDH quedará a cargo de esa pesquisa estaría dispuesto a considerar la creación de un mecanismo conjunto de investigación con la ONU, algo sin precedentes.
“Se puede explorar esta posibilidad. El abanico de opciones tiene que estar suficientemente abierto”, indicó.
La paraguaya Elisa Ruiz dijo que junto a los demás patrocinadores -Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú- planean someter el documento para su aprobación en una fecha aún por determinar y se dedicarán los próximos días a sumar apoyos.
“La OEA debe cumplir con su compromiso de apoyar al pueblo venezolano en tiempos difíciles”, señaló Ruiz durante una sesión del Consejo Permanente convocada de manera conjunta por Paraguay y Argentina.
La propuesta llegó a la OEA apenas días después de que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentara un amplio informe en el que acusó al régimen de Maduro de causar 5.287 muertes durante operativos de seguridad durante 2018.
El nicaragüense Luis Alvarado denunció la presentación del proyecto de resolución como una acción “impropia e ilegal” porque Venezuela “ya no es miembro de la OEA y no tiene representación legal en este Consejo Permanente ni en otro órgano del sistema interamericano”.
Lee también: Macri desde la plenaria del Mercosur: Demandamos a Maduro que deje de obstruir la transición democrática en Venezuela
Maduro retiró a su personal diplomático destacado en la OEA en abril pero el secretario general Luis Almagro -al igual que la mayoría de los países miembros del organismo- reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta.
La OEA también reconoció al emisario diplomático de Guaidó, Gustavo Tarre, quien presenció la sesión ocupando el escaño correspondiente a Venezuela. Tarre dijo que la meta es lograr que la resolución sea adoptada por consenso, lo cual haría innecesaria una votación nominal.
“El consenso es importante porque ésta no es una discusión política sino de principios”, dijo Tarre.
Lee también: Guaidó: ‘El mundo está claro nuestro país padece una dictadura que viola los DDHH, es imperioso ejercer la presión’
Tal como lo hiciera durante la Asamblea General que la OEA celebró el mes pasado en Medellín, Colombia, la delegación uruguaya se retiró de la sesión en protesta por la presencia de la delegación opositora venezolana.
Otros países como Ecuador, El Salvador y Guatemala se pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Ninguna delegación propuso modificaciones al proyecto de resolución.
