El pasado 26 de septiembre un grupo de madres de menores de edad detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales rompió el silencio. Durante casi dos meses evitaron denunciar ante los medios de comunicación el maltrato al que fueron sometidos sus hijos por temor a represalias y porque tenían la esperanza de que el silencio favoreciera su libertad.
Luego de los comicios, una ola de protestas se tomó las calles de Venezuela para denunciar lo que denominaron como un «fraude» en las elecciones. Los manifestantes hacían eco de los argumentos de la oposición de que el vencedor de los comicios había sido Edmundo González Urrutia. El bloque opositor publicó centenares de actas que demostrarían el triunfo de su candidato.
Siguiendo los pedidos de la líder María Corina Machado, las protestas en distintos puntos de Venezuela -e incluso fuera del país- pidieron que el Consejo Nacional Electoral publicara todas las actas de todos los centros de votación. Pues, según el recuento de la oposición, el presidente Nicolás Maduro había perdido los comicios.
A pesar de esto, y sin publicar los resultados, el CNE reconoció a Maduro como vencedor. Los días siguientes varias organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre el aumento de detenciones que catalogaron de «arbitrarias» en las calles de Venezuela. Según algunos reportes y testimonios, muchas de las personas presas no habían participado en las protestas.
Según la ONG Foro Penal, al menos 70 menores de edad continúan tras las rejas, con el riesgo de enfrentar una pena de 10 años de cárcel tras ser acusados de terrorismo. Ese es el caso de estas madres, que claman por justicia para sus hijos y aseguran que el tiempo transcurre en su contra.
Ante este panorama, muchas madres se han animado a denunciar y hoy relatan a France 24 las vejaciones de las que fueron víctimas sus hijos los primeros días de detención.
«Me dice que se quiere morir, que ya está cansado»
Tras más de 65 días en prisión, la desesperación se apodera de Miguel. Theany, su madre, pide a los fiscales y al juez que asuma el caso que se pongan la mano en el corazón: “De verdad, piensen en el daño tan grande que le hacen a personas inocentes. Lo que agarraron fue a gente pobre que no tiene cómo defenderse. Mi hijo ni tiene redes sociales, porque yo no tengo plata para comprarle un celular. Lo que están haciendo es injusto”.
Aunque ya se venció el plazo legal, Miguel aún no ha tenido la audiencia preliminar en la que una juez decidirá si irá o no a juicio y si continuará en prisión.
A sus 16 años fue acusado de instigación al odio, resistencia a la autoridad, obstrucción a la vía pública y terrorismo. Por este último delito podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
A día de hoy, Miguel aún no entiende por qué está tras las rejas, ni por qué es considerado «un terrorista». Su madre asegura que ni siquiera participó en las protestas postelectorales. “Me dice que se quiere morir, que él ya no quiere seguir allí, que está cansado”, relata entre lágrimas.
El Inframundo y las primeras horas de detención de los menores de edad
Miguel fue detenido el pasado 2 de agosto mientras comía una chuchería en la esquina de casa de su abuela. Su mamá cuenta que corrió a buscarlo cuando un vecino le avisó que dos funcionarios policiales se lo estaban llevando.
Según las autoridades, el joven estaba siendo investigado por destrozos a un módulo policial. Una versión que para Theany resulta imposible de creer, pues, asegura que Miguel había pasado los últimos días con fiebre y una infección en las amígdalas.
“Búsquelo en la comisaría y llévele almuerzo, por si acaso. Yo le aviso”, alcanzó a decirle el policía. No hubo aviso. Cuando Theany llegó a la comisaría, su hijo ya había sido trasladado a otra sede policial, lejos de su residencia.
Entonces, cuenta que corrió nuevamente a buscarlo. Tampoco pudo verlo. Había sido nuevamente trasladado a una tercera sede policial, ahora en el este de la ciudad.
Luego de dos horas interminables de espera, logró confirmar que Miguel estaba allí. Alcanzó a verlo.
«Mi hijo lo que hacía era llorar y pedirme perdón. ‘¿Pero por qué lloras?, ¿qué pasó?, ¿qué hiciste?’, le preguntaba. Él solo me decía que no sabía qué pasaba», cuenta Theany con la voz entrecortada. «Me sacaron y no lo vi más», asegura.
Tuvieron que pasar 48 horas para poder volver a verlo y tuvo que pagar 5 dólares «por derecho a la visita». Theany recuerda ese momento impactante y doloroso.
«Mi hijo olía a orines con excremento, con basura, con todo. Porque los tenían en una celda que llaman La Llorona en el Inframundo. Allí las paredes sudan, emanan todo el olor de arriba de otras celdas y esos niños se estaban asfixiando».
Para ella el testimonio de su hijo fue desgarrador. Según le dijo a su madre, durante las primeras 24 horas fue golpeado para obligarlo a grabar un video en el que acusara a la dirigente opositora María Corina Machado de haberle pagado 30 dólares para quemar un módulo policial.
«Mamá, grabé solo una parte, pero como yo no quería decir que me habían pagado, me caían a golpes», asegura.
También le contó que fue víctima de descargas eléctricas. «Mi hijo me dijo que tenían como una tarjeta conectada a algo, que lo mandaban a que la halen y ellos lo electrocutaban», relata.
El pasado 6 de septiembre Miguel y otros siete menores de edad fueron trasladados a un penal en el oeste de la capital, donde según su madre mejoraron las condiciones de reclusión y el trato. Le preocupa su salud: “Lo veo cada día más flaco. Él me dice que le dan sus tres comidas, pero no es lo mismo que comer en su casa. La directora del penal hace lo que puede”. Pronto Miguel cumplirá 17 años y el mayor deseo de su madre es que sea en libertad.
Familiares de los menores de edad no tienen acceso a expedientes
Según la ONG Foro Penal, a la fecha 70 menores de edad entre 14 y 17 años permanecen tras las rejas, de los cuales 19 pasaron a juicio y podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.
La organización asegura que desde el pasado 29 de julio, 1.953 personas fueron detenidas en medio de las manifestaciones en contra del fraude electoral. La oposición denunció que los resultados anunciados por el Centro Nacional Electoral no corresponden a la votación del pueblo en las urnas y asegura que la ciudadanía eligió a Edmundo González Urrutia con 63% de los votos.
Desde el gobierno insisten en la culpabilidad de los detenidos. El pasado 9 de octubre, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que las denuncias sobre adolescentes son parte de una campaña contra el Gobierno.
«Andan buscando la impunidad. Para seguir usando niños más adelante», dijo.
Y elevó el tono: «Aquí se acabó la mamadera de gallo. Se acabó la impunidad. Vayan a reclamarle a quien los metió en eso, a quien los puso a quemar escuelas, a asesinar personas», afirmó en su programa transmitido por el canal estatal.
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, recordó que no es primera vez que en Venezuela se detiene a menores de edad y dice que una situación similar se vivió durante las protestas antigubernamentales en 2014.
«Lo que es extraordinario es que los mantengan privados de libertad sin ninguna consideración. Anteriormente, eran liberados, se les permitía la defensa privada. En esta ocasión ha sido absolutamente arbitrario».
Además, Romero cuestiona las violaciones al debido proceso. «Aquí hay presos políticos que tienen más de siete años sin ni siquiera tener una audiencia preliminar», recalca. El presidente de la organización afirma que el gran problema es que no hay acceso al expediente, por lo que es «difícil saber incluso la fecha de la audiencia».
Por otro lado, dice que «los defensores públicos tampoco informan con claridad» y que los familiares no han podido acceder a las copias de los expedientes, ni de las actas de la audiencia.
«Yo no te podría decir que todos son inocentes, pero lo que sí te puedo decir es que todos han tenido arbitrariamente la restricción del derecho a la defensa, eso ya hace el proceso nulo por violación a los derechos constitucionales y derechos humanos», sentencia.
«Aquí se generalizó la referencia a que son terroristas todos. Supongamos que trancaste una calle o quemaste un caucho, eso no te hace terrorista. Si dañaste un bien público, no eres terrorista. El delito debería ser que dañaste un bien público, pero aquí se generalizó el delito sin individualizar a nadie», concluye.
France 24 solicitó entrevista con el fiscal general, previo a la publicación de este artículo, para conocer su versión de los hechos. A la fecha no ha sido posible. Aún se desconoce cuándo se realizarán las audiencias preliminares de los menores de edad que permanecen detenidos.
Operación Tun Tun como excusa para llevarse detenidos a los menores de edad
La lista de denuncias continúa. A las puertas de la casa de Nérida llegó la denominada como Operación Tun Tun. Un grupo de funcionarios encapuchados que sin mayor explicación se llevaron a su hijo Ángel Moisés, de 16 años de edad.
Días antes, Nérida había denunciado ante la Policía la aparición de una moto robada cerca de su hogar. Lo que nunca pensó es que pasaría de denunciante a denunciada, pues a su hijo Ángel, de 16 años, se le acusó del hurto de esa moto en un concesionario de la zona durante las protestas postelectorales.
“Yo a mi hijo lo pude ver después de casi 15 o 20 días. En los primeros retenes donde lo tenían nunca lo pude ver. Había que pagar para la visita y yo no contaba con ese dinero”, señala la mujer.
Nérida sabía de Ángel por el papá de otro de los detenidos, al que su hijo le hacía llegar información. “En Zona 7 (un lugar de reclusión) le estaba dando sarna, porque lo tenían en una celda que se llama El Inframundo donde las paredes sudan. A él se lo llevaron con un mono y un short de mi casa un miércoles y el lunes seguía con la misma ropa”, recuerda.
Al igual que el resto de los adolescentes, Ángel fue trasladado a un retén de menores de edad en el oeste de Caracas, donde finalmente Nérida pudo verlo.
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