Saúl Pérez, un inmigrante colombiano que quiere llegar a Estados Unidos, cruzó la frontera de Costa Rica hacia Nicaragua a mediados de octubre.
A pocos kilómetros del cruce se encontró con un puesto militar en el que debió pagar 150 dólares por un “salvoconducto” que lo autorizaba para desplazarse hacia la frontera con Honduras y continuar su travesía, según lo relató a Univision
Como Pérez cada día pasan 3,000 migrantes por esta nueva puerta giratoria improvisada del gobierno de Daniel Ortega de Nicaragua para lucrarse de la migración irregular hacia Estados Unidos.
Nicaragua está a la cabeza de los gobiernos populistas de izquierda de América Latina que en los últimos años han estado ingeniándose métodos para convertir a los emigrantes en productos de exportación.
Es un negocio que según los expertos no tiene pierde: reporta divisas a través del envio de remesas, descongestiona al país de desempleados y produce grandes dolores de cabeza al imperio del norte, el enemigo compartido con Cuba y Venezuela.
“Si ustedes quieren migrantes, yo se los mando. Si ustedes nos van a poner sanciones, yo les mando migrantes”, advirtió el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
A los pocos meses de haber llegado a Estados Unidos, cada venezolano, cubano o nicaragüense desterrado de su país se transforma en un soporte anónimo de la economía que lo despidió.
Religiosamente, en pandemia o en tiempos favorables, los inmigrantes envían miles de millones de dólares en remesas.
Para Manuel Orozco, experto en migración e investigador de la organización no gubernamental Diálogo Interamericano, hay un “cálculo racional” por parte del gobierno de Nicaragua de que la migración se puede instrumentalizar como un mecanismo de agresión a Estados Unidos.
Del 2019 al 2024 han salido de Nicaragua alrededor de 800,000 personas de las cuales un 80% está enviando dinero a sus familias en ese país. Las remesas saltaron de 2,500 millones a 5,000 millones de dólares en tres años, según Diálogo Interamericano.
“Cuba lo sabe, Venezuela lo sabe, Nicaragua lo sabe, ellos lo saben. ¿Por qué? Porque la principal fuente de divisas para estos tres países son las remesas”, puntualizó Orozco.
Agregó que en el caso de Venezuela el dinero que envían los migrantes es más representativo que los ingresos provenientes del petróleo.
Según sus cálculos, Venezuela exporta un promedio de 75 millones de barriles al día, pero la renta que genera esa venta está comprometida para pago de deudas lo que significa que los más de 20,000 millones de dólares que genera el petróleo no van directamente al pueblo.
Por otro lado, las remesas que envían los venezolanos a sus familiares superan los 4,000 millones de dólares al año y benefician a más de dos millones de hogares en Venezuela.
Cuba es uno de los países que más se beneficia con el dinero enviado por sus migrantes. El gobierno de la isla ha adaptado su control monetario para facilitar la entrega de remesas al introducir billeteras móviles patrocinadas por la administración del mandatario Miguel Díaz Canel.
Tan solo en el 2023 Cuba recibió 1,972 millones de dólares, si bien hubo una baja en comparación con 2022 cuando las remesas fueron de 2,040 millones de dólares.
México continúa en el primer lugar de recepción de remesas en América Latina con un total de 63,313 millones de dólares en 2023, un 7,6% más que en el 2022.
“Tal vez el caso más emblemático es el de Nicaragua, en donde lo que ha venido ocurriendo en los últimos tres años es prácticamente desde el 2021, cuando facilita el visado a Cuba y después, en 2022 se facilita el visado de entrada a Nicaragua a más de 30 nacionalidades de todo el mundo”, dijo.
La desregulación ha beneficiado también a indios, uzbekos, gente de Mauritania y Senegal, entre muchos otros.
Por ahora no se conocen las estrategias que pondrán en práctica los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela en repuesta a la victoria electoral de Donald Trump y su anuncio de una ofensiva total contra la inmigración irregular desde el primer día de su presidencia.
A juzgar por sus recientes posturas parece improbable que estos regímenes estén dispuestos a aceptar una masiva repatriación de sus ciudadanos.
En febrero de este año Venezuela anunció oficialmente que no recibiría vuelos de deportados procedentes de Estados Unidos o México como reacción a nuevas sanciones de Washington.
Puentes dorados
Antes de instalar puestos de cobro a los migrantes que pasan la frontera con Costa Rica, el gobierno de Nicaragua había montado un negocio migratorio aún más rentable: los puentes aéreos con Cuba y Haití usando vuelos chárter o fletados.
En noviembre de 2021 Nicaragua levantó las restricciones de viaje para los ciudadanos de Cuba con el pretexto de fomentar “el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria”.
El repentino interés en causas humanitarias de un régimen señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos causó suspicacias. Algunos entendieron que la medida tenía más que ver con el pronunciamiento del presidente Joe Biden dos semanas antes.
Biden descalificó el proceso electoral del 7 de noviembre cuando Daniel Ortega se reeligió como presidente.
«Lo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, orquestaron fue la pantomima de una elección que no fue libre ni justa, y ciertamente no fue democrática”, citó Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca.
La nueva medida de Nicaragua daba un vuelco completo a la política migratoria que había mantenido el país desde el 15 de noviembre del 2015 cuando cerró su frontera a cientos de inmigrantes cubanos y acusó en aquel entonces a su vecino Costa Rica de crear una “crisis humanitaria” en la zona.
Con la apertura de los puentes aéreos, el aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua pasó de ser el amodorrado terminal que ha sido en la última década a uno de los más congestionados de Centro América.
Entre mayo y diciembre del 2023 llegaron a Managua 200,000 migrantes en vuelos chárter desde Haití, Cuba y terceros países. La renta de migración proveniente de estos pasajeros representa casi el 70% de toda la entrada de ingresos de la autoridad migratoria de Nicaragua, según estudios de Diálogo Interamericano.
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