(Desde Washington, Estados Unidos) Millones de inmigrantes indocumentados recorren un azaroso camino que puede atravesar el Triángulo Norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala y Honduras), el Tapón del Darién -una selva espesa que separa Colombia de Panamá– y México para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Son caravanas migrantes que incluyen familias enteras, jóvenes desterrados y niños en absoluta soledad, a merced de narcotraficantes, alimañas, hambrunas y las trampas ocultas de una ruta peligrosa.
Esta marea humana que busca otra vida en Estados Unidos condiciona la estrategia de campaña que diseñan Joseph Biden y Donald Trump para ganar las elecciones presidenciales en noviembre. Se prevé un resultado muy ajustado de los comicios, y la posición política sobre la inmigración puede determinar la reelección de Biden o el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Un sondeo de Gallup realizado en febrero estimó que la inmigración es la principal preocupación en Estados Unidos por delante de la gestión del gobierno, la economía y la inflación. En enero, la inmigración preocupó al 20 por ciento de los encuestados, y un mes después, al 28 por ciento de los consultados por Gallup, un 40 por ciento más en apenas cuatro semanas.
“Si me hubieran entrevistado hace un mes, hubiera dicho que la migración es uno de los tres temas más importantes de cara a las elecciones. Ahora definitivamente es el tema”, aseguró Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Política Migratoria.
“Y la razón es clara: hay efectivamente una crisis en la frontera”, completó el profesor Chishti.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que en diciembre de 2023 se contabilizaron 249.785 detenciones por cruces ilegales, un aumento del 31% con respecto a noviembre de ese año, y del 13% con respecto a diciembre de 2022, cuando se registró la anterior marca.
La política migratoria de Biden está en jaque por la interna del partido demócrata y la presión de la opinión pública que aún no definió su voto para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Biden prometió en la campaña de 2020 que modificaría las normas establecidas por el gobierno de Trump, pero la compleja crisis migratoria dejó esa promesa a mitad de camino.
Trump utilizó el Título 42 para restringir la inmigración indocumentada argumentando la pandemia de COVID 19, y si bien Biden levantó esa norma restrictiva basada en razones de salud pública, estableció nuevas reglas de juego cuestionadas por los sectores de izquierda del partido Demócrata y similares en su dureza a la legislación que aplicó la administración Trump.
Entre el 12 de mayo de 2023 -ese día Biden levantó la aplicación del Título 42- y el 17 de abril de 2024, Estados Unidos deportó 690.000 personas, la mayoría migrantes indocumentados que cruzaron sin permiso la frontera con México. En este contexto, Biden tiene una fuerte oposición hacia adentro del partido Demócrata, y a su vez, no logra contener las críticas del candidato Trump.
Los diputados (representantes) y senadores republicanos, alineados con Trump, trabaron una ley inmigratoria destinada a aplacar la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos. Esa iniciativa era contradictoria con el discurso de campaña de Biden en 2020, pero su sentido apuntaba a reducir las críticas de la opinión pública y plantear una solución transitoria a un problema que ya había superado todas las previsiones técnicas.
Trump y sus legisladores lograron un éxito político cuando Biden reconoció en un comunicado oficial que resignaba su posición histórica sobre los inmigrantes a cambio del apoyo a una iniciativa que estaba empantanada en el Capitolio.
“Lo que se ha negociado, si se convierte en ley, sería el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera que jamás hayamos tenido en nuestro país”, señaló Biden en un comunicado.
Y completó el Presidente de los Estados Unidos: “Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Y si me dieran esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley”.
De nada sirvió que Biden declinara su posición política respecto a la inmigración. Trump enterró la iniciativa demócrata antes que ingresara al recinto de la Cámara de Representantes.
La ofensiva republicana no terminó en el bloqueo de la iniciativa demócrata sobre inmigración indocumentada. Trump ordenó que se iniciara juicio político contra Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y pieza clave en la política migratoria de la administración Biden.
Mayorkas fue acusado por el flujo de inmigraciones sin tener en cuenta la situación política en Venezuela, Haití, El Salvador, Colombia, Bolivia y Ecuador, que obligan a millones de latinoamericanos a emprender la peligrosa ruta que une el Triángulo Norte con el Tapón del Darién y los caminos mexicanos para llegar a los alambrados y paredones que se levantan en el Frontera Sur de Estados Unidos.
El juicio político a Mayorkas llevó meses de procedimiento en la Cámara de Representantes -con mayoría republicana- y fue rechazado en escasas horas en el Senado, que controlan los demócratas. Pero el asunto estuvo en la opinión pública durante semanas, y obligó a Biden a una sucesión de movimientos políticos destinados a evitar un desgaste su imagen presidencial.
Trump encontró un flanco para castigar a Biden durante toda la campaña electoral. Y esa táctica se fortalece con declaraciones que empiezan a volcar a los votantes independientes en los swings states – Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania y Wisconsin-, muy importantes al momento de escrutar los comicios.
En este sentido, el candidato republicano anunció que si llega a la Casa Blanca utilizará la Sección 212 f de la Ley de Inmigración que otorga poder al presidente de Estados Unidos para cambiar esa normativa sin la aprobación del Capitolio.
“Tenemos a millones y millones de personas inundando nuestro país de forma ilegal. No tenemos ni idea de qué demonios son. Vienen de cárceles, de instituciones mentales. Simplemente supone matar a nuestro país”, dijo Trump en declaraciones periodísticas.
Ante la táctica electoral de Trump, el Presidente no descarta dictar una orden ejecutiva para restringir la capacidad legal de los inmigrantes para solicitar asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. La orden ejecutiva no tiene restricción del Capitolio, y en el Ala Oeste de la Casa Blanca se conoce ese proyecto político como la “Bomba Atómica” de Biden.
La decisión final dependerá del ritmo de la campaña electoral y la opinión pública, que actualmente cuestiona la política inmigratoria de la administración Biden. El Pew Research Center, un think tank muy respetado en Washington, concluyó en su último trabajo publicado a mediados de febrero:
– “Sólo el 18% de los encuestados afirma que el gobierno de Estados Unidos está haciendo un buen trabajo al tratar con el gran número de migrantes en la frontera, mientras que un 80% dice que está haciendo un mal trabajo, incluido el 45% que sostiene que está haciendo un muy mal trabajo”.
-”Las opiniones de los republicanos son abrumadoramente negativas (el 89% dice que está haciendo un mal trabajo), como lo han sido desde que Joe Biden asumió la presidencia”.
-”El 73% de los demócratas también otorga calificaciones negativas al gobierno, el porcentaje más alto registrado durante la presidencia de Biden”.
Las elecciones son el 5 de noviembre.
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