El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) presentó su estudio «Bitácora de riesgos», donde realizaron un estudio de la situación de la violencia contra periodistas en el país. La investigación desarrolló un mapa de riesgos que muestra las 481 violaciones relacionadas con agresiones, que enfrentaron trabajadores de la prensa en todo el territorio nacional entre los años 2019 y marzo de 2021.
De acuerdo IPYS, el Área Metropolitana de Caracas destacó como la zona donde se registraron más números rojos con un total de 165 casos y 229 violaciones. Después le siguieron los estados Táchira, Lara, Zulia y Carabobo. Entre los 17 tipos de actos violentos categorizados por IPYS, la intimidación, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas se ubicaron como las más comunes sufridas por los trabajadores de la prensa.
Este estudio también encontró que entre los efectos de la violencia están la censura, la autocensura, el desplazamiento forzado y la interrupción temporal de la práctica periodística.
«La violencia contra el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha consolidado en las últimas décadas como una política de Estado tanto por omisión como por acción», asegura el informe y recuerda que esta situación ha sido denunciada por varios organismos internacionales.
De lesiones cotidianas a la desaparición forzada
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) indica que la violencia contra periodistas tiene un triple efecto social: vulnera el derecho de las víctimas a expresarse, amedrenta hasta fomentar el silencio y viola el derecho de las sociedades a estar informadas.
La Relatoría asigna a los Estados el deber de prevenir, proteger y procurar justicia en torno a la seguridad de los periodistas. La violencia física, sin embargo, se extiende, con impactos de nivel alto y medio, en 15 de 24 entidades federales en Venezuela.
IPYS detalló que las detenciones arbitrarias son el segundo tipo de violación a la libertad periodística más recurrente, después de la intimidación. El impacto de esta forma de violencia se considera alto en ocho entidades del país.
Algunas de las detenciones arbitrarias —al menos 5 de las 99 registradas entre 2019 y marzo de 2021 en el Mapa de Riesgos— también han consistido en desapariciones forzadas, aquellas que ocurren con autorización o conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado sin que reconozcan la detención ni respondan sobre el paradero del detenido.
Con información de talcualdigital.com / ipysvenezuela.org
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