Las “alianzas criminales” tendrán un “papel crucial en la supervivencia” del gobierno de Venezuela, donde este año se celebran elecciones presidenciales, sostienen proyecciones de la organización Insight Crime que ve probable un aumento de la represión contra la disidencia y una “regulación más estricta de los mercados ilícitos”.
Jeremy Mc Dermott, codirector de Insight Crime, un centro de estudios sin ánimo de lucro que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe, estima que en 2024 el gobierno venezolano, de la mano del presidente Nicolás Maduro, buscará asegurarse el poder por seis años más y ve poco probable la celebración de elecciones libres.
“Maduro va a necesitar todas las herramientas a su disposición para lograr esto y el acceso a las rentas criminales para financiar su régimen cada vez más aislado. Creemos que 2024 será un año de consolidación del régimen híbrido criminal en Venezuela”, afirmó el miércoles en el panel ‘Crimen organizado en Venezuela: desafíos y perspectivas para el 2024’.
«En el transcurso de este año, a medida que el gobierno busque imponer la conformidad política y reafirmar su autoridad sobre las economías ilícitas, es probable que recurra a las ‘megaoperaciones’ para perseguir a los grupos armado no alienados y regular aún más los mercados criminales», destaca el texto que se refiere a los operativos que llevó a cabo el gobierno, en 2023, contra organizaciones criminales.
De acuerdo con la organización, el gobierno venezolano está cimentado en un sistema de gobernanza “híbrida” en la que “redes de crimen organizado reparten rentas ilícitas con funcionarios de alto nivel” y al mismo tiempo “ejercen control social y territorial en sus áreas de influencia”.
Mc Dermott resaltó las recientes detenciones de civiles y militares bajo el argumento de planes de conspiración denunciados por el gobierno de Maduro y se refirió a la implementación de la “furia bolivariana”, un plan cívico-militar policial para enfrentar planes “terroristas”, considerado como parte de una estrategia de persecución por parte de la disidencia.
El investigador también mencionó la movilización de “actores armados no estatales” y su participación en campañas de “acoso”, dirigidas por las denominadas unidades populares para la paz (Uppaz), que definió como grupos comunitarios utilizados por el gobierno como una herramienta política de represión.
“A medida que avance el año, es probable que veamos otras formas de coacción electoral, protagonizada por grupos armados híbridos como los colectivos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que controlan el suministro de recursos como la gasolina y alimentos que funcionan para manipular la intención del votante”, precisa el análisis elaborado por le Unidad Investigativa de Venezuela de Insight Crime.
Esta semana, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, considerada como una violación parcial del acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición, Estados Unidos anunció que no renovará las licencias que flexibilizaban las sanciones sobre el sector petrolero y que expiran en abril.
Roberto Briceño-León, sociólogo y director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) considera que pudieran surgir varios escenarios en cuanto a la relación del crimen organizado y el panorama de las elecciones en medio de restricciones económicas producto de las sanciones.
“Desde el punto de vista económico creo que hay dos líneas, uno utilizar el crimen organizado para baipasear las sanciones y obtener fuentes de ingresos a partir de la exportación ilegal de oro, de otros metales, a partir de lo que puede ser inclusive todos los negocios que se pueden hacer del petróleo y que serían con grupos de crimen organizado, quizás de cuello blanco, pero no descartados otros”, expuso.
“Una segunda modalidad, utilizar estos grupos como una manera directa de conseguir fondos a través de la extorsión de las fuentes productivas nacionales y que pueden generar unas rentas importantes que sean compartidas con funcionarios o el gobierno nacional”, continuó el también director del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), organización creada para contribuir con el estudio y comprensión de la realidad social venezolana, durante su intervención en el panel.
El año pasado, decenas de personas, entre ellas altos funcionarios públicos, fueron detenidas y procesadas por estar involucradas en “hechos de corrupción” en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras importantes empresas estatales, que implicó la comercialización de crudo de manera ilegal, causando pérdidas multimillonarias a la nación que, hasta la fecha, no han sido precisadas.
Según Insight Crime, existen datos que muestran un incremento de flujo de tráfico de cocaína a través de Venezuela, un patrón que, creen, continuará este año.
En meses recientes el ejército de Venezuela ha reportado haber inutilizado aeronaves presuntamente utilizadas por grupos trasnacionales para el tráfico de drogas y armas en la frontera y ha manifestado su compromiso por evitar que el país sea usado como una plataforma de narcotráfico.
Además, ha llevado a cabo operaciones contra la minería ilegal en zonas remotas en el sur del país, área rica en recursos naturales.
Violación de derechos políticos
Ligia Bolívar, coordinadora general de Alerta Venezuela, una iniciativa de información, investigación y análisis, desde una perspectiva de derechos, resalta que los colectivos afectan los derechos políticos, especialmente en tiempo electoral y no descarta la utilización, en las próximas elecciones, de mecanismos que ya se han visto en el pasado.
“De manera directa y violenta a cualquier acción de campaña electoral por parte de candidatos de la oposición y durante el momento mismo de las elecciones el trabajo de llevar a la fuerza a votantes a acudir a los centros de votación, a través del voto asistido”, precisó, método que, recordó, ha sido utilizado como coacción.
Además, afirma que el gobierno no hace referencia a la situación porque existe “complicidad”. Sostiene que actuación de los grupos son replegados cuando buscan disputar cuotas de poder o control que no se les ha otorgado.
Bolívar, considera fundamental que se otorgue un abordaje “internacional” para hacer frente a diversas agrupaciones que operan en el país, en el trabajo de democratización e institucionalización del país.
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