La negociación exprés en el seno de la oposición buscaba este lunes una entente cordial de última hora entre sus distintos bloques antes de la trascendental votación en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN) del 2015. Algo parecido a un acuerdo unánime que no violase los límites constitucionales y que provocó el retraso del pleno cuando ya el tiempo se ha echado encima de los diputados: el 5 de enero es el día que marca la Carta Magna para elegir o renovar al presidente parlamentario.
«Estamos muy cerca de conseguir una votación unánime con ajustes al texto y de una manera apegada a la Constitución», adelantó a EL MUNDO uno de los negociadores en pleno tira y afloja por la redacción del estatuto de la transición y la reforma de la ley por el fondo para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital.
En la primera votación a finales de año, con la que se dio continuidad oficial a la presidencia encargada y a Juan Guaidó, los cuatro partidos más importantes (que componen el llamado G-4) votaron unidos, pese a las serias discrepancias internas. Sólo el diputado Sergio Vergara, de Voluntad Popular (VP), salvó su voto (abstención) ante lo que consideraba iba a limitar las funciones presidenciales.
Lo mismo opinaron partidos más pequeños, como La Causa Radical y Encuentro Ciudadano, liderado por Delsa Solórzano. En cambio, los diputados reunidos en torno a la dirigente radical María Corina Machado dieron por acabada la presidencia encargada.
De cara a la segunda votación, en la que se tiene que decidir punto a punto cómo se gobernará este 2022, las presiones ejercidas desde distintos frentes internos y externos habrían forzado la estrategia de quienes contradicen a Guaidó, empeñados en limitarles al máximo sus competencias como presidente encargado. «Es de sentido común mantener el gobierno interino y al presidente encargado Juan Guaidó con todas sus facultades. Atarlo de pies y manos como proponen Borges y Capriles es un verdadero disparate y un despropósito político. A Maduro le vendría muy bien que este absurdo se concretara», adelantó Andrés Velásquez, líder La Causa Radical, uno de los partidos que apoya al presidente interino.
Con esta votación se busca poner fin a la guerra interna desatada en la oposición. La gran pregunta es hasta cuándo durará la tregua si finalmente se logra, con las elecciones repetidas en Barinas, cuna de la revolución, a la vuelta de la esquina el domingo próximo y con el proceso de negociación en México torpedeado por Maduro.
El chavismo ha volcado al aparato del Estado en apoyo del ex ministro Jorge Arreaza, yerno de Hugo Chávez, tras la derrota sufrida en diciembre por Argenis Chávez, hermano del «comandante supremo» y el elegido por la familia para prolongar los 23 años al frente de la región llanera.
El primer objetivo del frente antiGuaidó, capitaneado por el ex canciller Julio Borges, el ex candidato presidencial Henrique Capriles y el diputado Stalin González, era la desaparición de la presidencia encargada. Así lo anunció Borges, coordinador nacional de Primero Justicia (PJ), al cesar como canciller del gobierno interino, lo que provocó alborozo en el Palacio de Miraflores, que sigue viendo a Guaidó como su principal enemigo.
El apoyo de EEUU, de VP, de varios partidos pequeños y de diputados del resto de los grandes, además de buena parte de la plataforma de la sociedad civil que se enfrenta a Maduro, imposibilitó la maniobra.
«Que 2022 sea un año de reunificación y de volvernos a encontrar en las calles para luchar», reclamó Guaidó en su discurso de fin de año, quien además aplaudió la continuidad de la AN y del gobierno interino como «últimos bastiones de la institucionalidad» frente a la revolución bolivariana.
Se trató de una celebración a medias, porque entre bastidores continuaba el forcejeo de cara a la sesión extraordinaria de este lunes, que suma varias horas de retraso. La segunda batalla por el voto continuaba porque todavía quedaba por dilucidar cada uno de los puntos de las competencias presidenciales.
La tesis del bloque proGuaidó se basa en que el desafío contra la revolución y la lucha para alcanzar la democracia sólo es posible con la continuidad constitucional del gobierno encargado. Así lo indica el artículo 233 de la Carta Magna, siempre en la versión de las fuerzas en favor de la presidencia encargada. Varios expertos constitucionales de peso en el país concluyeron que reducir sus competencias ejecutivas a Guaidó, tal y como pretenden Borges y Capriles, es inconstitucional.
«Sería violatorio de la Constitución y daría al traste con los avances en los apoyos de la comunidad internacional, la protección de los activos de la nación y los procesos ante los órganos de la justicia internacional», resumió la diputada Olivia Lozano.
«Mientras continúa la miseria y el éxodo forzoso de venezolanos, el secuestro de los derechos humanos, civiles y políticos, de la justicia y de la paz, debe continuar el gobierno encargado de Juan Guaidó, responsable por mandato constitucional de restituir la democracia y el orden republicano», subrayó Orlando Viera-Blanco, embajador del gobierno interino en Canadá, país que conforma el grupo de aliados del Parlamento democrático venezolano.
En el bando antiGuaidó, en cambio, se justifica su propuesta por los escándalos de corrupción que han rodeado parte de la ejecutoria de su gobierno interino, sobre todo con la empresa petroquímica Monómeros, intervenida en Colombia. Se trata de una de las filiales de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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