La corrupción de la dictadura venezolana ha sido tal que es sumamente difícil -o casi imposible- determinar cuánto dinero fue desviado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Por Lucas Goyret | Infobae
Lo cierto es que esos miles de millones de dólares que fueron a parar a manos de la cúpula chavista, familiares, o empresarios amigos, serían de vital importancia para un país que desde hace años está sumido en la peor crisis humanitaria de su historia.
Como respuesta a las constantes violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en los últimos años la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, incrementó las sanciones financieras contra los jerarcas de la dictadura, muchos de los cuales gozaban de millonarias propiedades, cuentas bancarias y lujosos bienes, tanto en suelo norteamericano como en Europa.
En Estados Unidos es donde más han avanzado las causas contra empresarios afines al chavismo. En la mayoría de los casos en que los acusados fueron detenidos, hubo cooperación con las autoridades a cambio de una sentencia menor. Esto permitió a la justicia norteamericana comenzar a tejer la extensa red de la corrupción chavista. Pero todavía falta mucho.
Según la agrupación Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), con sede en Miami, a fines de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano había incautado cerca de 1.500 millones de dólares. Ese monto total decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, estimadas en unos 6.269 millones de dólares.
La ONG Transparencia Venezuela informó que hasta febrero de este año había 38 casos e investigaciones en los tribunales norteamericanos, que involucran a 164 personas y muchas empresas. De esos 164 implicados, 159 son ciudadanos, en su mayoría venezolanos, que enfrentan acusaciones judiciales.
La mayor parte de esas causas se encuentran en los tribunales del estado de la Florida. Paradójicamente, el epicentro de las presuntas conspiraciones contra el régimen bolivariano, según las reiteradas denuncias del dictador Maduro. Solo en esos tribunales se encuentra el 53% de los acusados en Estados Unidos con cargos vinculados con la corrupción chavista.
El otro estado norteamericano con una importante cantidad de causas es Texas.
Durante la primera década de este siglo el país caribeño vivió una bonanza petrolera que se extendió hasta 2014. Jorge Giordani fue durante 14 años el ministro de Planificación de Chávez (1999-2013). Como otros hombres cercanos al fallecido ex presidente venezolano, con la llegada de Maduro abandonó las filas del régimen. Según confesó en 2016, de los fondos de la bonanza petrolera se perdieron cerca de 300.000 millones de dólares.
Transparencia Venezuela ubicó alrededor del mundo 236 casos relacionados con la corrupción venezolana. Sólo en 114 de esas causas se conoce la cantidad de dinero público desviado, que asciende a unos 52.000 millones de dólares. Ese monto equivale a ocho veces las reservas internacionales de Venezuela (BCV, enero 2020) y a dos años de ingresos por exportaciones de petróleo (45.810 millones de dólares correspondientes a 2018 y 2019). Además, según Corruptometro, una investigación impulsada por la ONG venezolana, con ese dinero se pudieron construir 593 hospitales especializados, 194 mil escuelas de educación básica, y se hubiese podido construir 21 represas hidroeléctricas
En diálogo con Infobae, María Alejandra Márquez, presidenta de Inrav, indicó que el cálculo aproximado del dinero robado “solamente por corrupción” oscila entre 300.000 y 500.000 millones de dólares: “Eso no incluye narcotráfico, terrorismo, obras no ejecutadas, tráfico de oro…”. De ese cálculo, el 90% proviene de la petrolera estatal PDVSA y del sistema cambiario venezolano.
Pero, “¿qué sucede con todo el dinero decomisado por Estados Unidos?”. Ese el gran interrogante que surge cuando se observan estas mega causas de corrupción.
Legalmente, esos bienes se transfieren a un fondo de Estados Unidos. Márquez apuntó que existen dos fondos: “Uno del Departamento del Tesoro, y otro del Departamento de Justicia. El del Tesoro tiene más que ver con fondos provenientes del narcotráfico y el terrorismo, que son los incautados a través de la llamada Ley Clinton”.
Una vez que el dinero se recupera, cada Estado víctima de la corrupción debe pelear caso por caso. Esto representa un obstáculo más en el caso venezolano, ya que el Estado es el principal promotor de esa corrupción. “Lo que el Estado norteamericano busca es que el dinero que regrese no vuelva a ser utilizado para la corrupción, entonces los criterios de devolución son muy estrictos, y obviamente un país como Venezuela no los cumple”.
La presidenta de Inrav sostuvo que lo más complejo en este tipo de procesos es documentar y obtener las pruebas suficientes para poder congelar el dinero. En el caso de la corrupción chavista, representantes de la Asamblea Nacional venezolana presidida por Juan Guaidó han logrado conseguir pruebas y facilitarlas a las autoridades norteamericanas. Sin embargo, el gobierno interino del líder opositor no cuenta con los medios suficientes para colaborar “ni la estructura institucional y financiera para llevar adelante este proceso”.
Una vez que esos fondos están decomisados, pueden ser utilizados para cubrir los gastos de la investigación o para retribuir a las agencias gubernamentales que participaron en el caso en cuestión. En ocasiones también se usan para responder a los acreedores o a las víctimas.
“Es muy poco probable que Venezuela pueda recuperar ese dinero”, reconoció Márquez.
Más allá de los procesos complejos para devolver ese dinero, dijo que Estados Unidos es uno de los países que más acuerdos está llevando a cabo para el retorno de activos, no solo con Venezuela.
En 2019, legisladores republicanos y demócratas aprobaron la ley “Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development”, conocida como la Ley VERDAD, que ordena al Departamento de Estado a trabajar “con organizaciones no gubernamentales para fortalecer la gobernanza democrática y defender los derechos humanos en Venezuela, y a trabajar con gobiernos extranjeros para investigar la corrupción y recuperar los activos robados a Venezuela”, entre otras acciones. Medida que fue aplaudida y reconocida por la comunidad venezolana.
Además de destinar dinero para la ayuda humanitaria, y otras cuestiones más políticas como el reconocimiento al gobierno interino y a la Asamblea Nacional elegida en 2015, la Ley VERDAD, explicó Márquez, “contiene unos artículos particulares en los que Estados Unidos se compromete a devolver dinero de la corrupción a Venezuela. En ese artículo se contempla la creación de un fondo para resguardar ese dinero”. Pero hasta el momento ese fondo no fue creado, por lo que varias organizaciones no gubernamentales, como Inrav, están trabajando en su aplicación.
“Estamos movilizados desde el año pasado, entrando en contacto con legisladores americanos, para que se creara un proyecto de ley para ese fondo en particular. A fines de mayo se introdujo el proyecto de ley que se llama ‘Pana Act’. Es importante porque en el momento en que esté plasmado en una ley, no importa qué gobierno venga, tendrá que cumplirse. Es un proyecto que durará décadas, incluso sabiendo que apenas una pequeña porción del dinero total se logrará recuperar. Por ejemplo, en el caso Andrade cuando lo descubrieron solo pudieron documentar 1.000 millones, pero se supone que tenía mucho más, que fue imposible probar”, contó la activista venezolana.
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