Por primera vez en 15 años, veedores internacionales irán a Venezuela para observar las elecciones regionales y locales programadas para el 21 de noviembre. La arremetida contra opositores por el régimen de Maduro implica que esas elecciones no serán libres ni justas. Por ello, hay quienes temen que la presencia de los observadores sea una estrategia para legitimar una farsa electoral.
Por José Miguel VivancoTamara Taraciuk Broner – Infobae
Sin embargo, los observadores podrían jugar un papel fundamental si ejercen con independencia las amplias facultades de acceso que les concedieron las autoridades electorales, cuestionando de manera oportuna la realidad en el país y documentando violaciones de derechos.
La represión ha generado un clima de intimidación. Desde hace años, las elecciones en Venezuela han estado plagadas de irregularidades, señalamientos de fraude y desigualdad de condiciones producto de violaciones de derechos humanos. Las autoridades han inhabilitado, detenido y procesado arbitrariamente a opositores políticos, han intervenido partidos de oposición y han usado el hambre como herramienta de control social.
El Tribunal Supremo de Justicia, que carece de independencia, ha interferido en la dirección o la estructura interna de ocho partidos opositores desde 2012. A mediados de 2020, usurpó tres partidos de oposición y nombró a partidarios del gobierno para liderarlos, permitiéndoles usar los nombres y logotipos originales de los partidos. También nombró a sus partidarios al Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de disposiciones constitucionales que establecen que la Asamblea Nacional es el órgano responsable de seleccionar a sus rectores. En ese entonces, la Asamblea Nacional era la única institución liderada por la oposición que podía actuar como freno ante los abusos del poder ejecutivo.
En diciembre pasado, los partidarios de Maduro consiguieron el control de la Asamblea Nacional por medio de elecciones ampliamente cuestionadas, que fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos opositores y en las que participó menos de un tercio de los votantes empadronados. Muchos gobiernos de la región y de Europa concluyeron que las elecciones no habían cumplido con los requisitos mínimos para ser consideradas libres y justas.
En febrero, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela inhabilitó a 27 políticos opositores, miembros de la Asamblea Nacional (2015-2020) liderada por la oposición, quienes no podrán postularse a elecciones en los próximos 15 años.
Ante la creciente presión internacional, en mayo asumió un nuevo CNE, dos de cuyos cinco rectores son cercanos a la oposición. El nuevo Consejo negoció la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), un Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas y una misión especializada del Centro Carter para actuar como veedores en las elecciones de noviembre.
La Unión Europea envió una misión de observación electoral a Venezuela en octubre, y está previsto que viajen más observadores al país para los comicios. Desde su llegada, se han reunido con actores clave para evaluar la situación.
El acuerdo firmado por la UE y el CNE otorga a los observadores libre acceso a todos los partidos políticos, candidatos, autoridades electorales y otros actores de la sociedad venezolana, así como a los centros de votación. La misión puede compartir públicamente su evaluación del proceso electoral antes, durante y después de las elecciones. Está previsto que presenten un informe preliminar inmediatamente después de la elección, y otro más extenso que incluya recomendaciones, a más tardar a los tres meses de su celebración. Si no se cumplen las condiciones del acuerdo, la UE podría retirar a sus observadores. Un grupo de 12 miembros del Parlamento Europeo de distintos partidos políticos acompañará a la misión.
La Secretaría de las Naciones Unidas anunció el 14 de octubre que enviaría a un Panel de Expertos Electorales de la ONU para las elecciones de noviembre. Los tres expertos darán “seguimiento al proceso electoral” y presentarán al secretario general un “informe independiente e interno sobre el desarrollo general de las elecciones”.
El 27 de octubre, el Centro Carter anunció que enviará una misión de expertos electorales conformada por seis personas, sobre la base de un acuerdo con el CNE que otorga a los expertos “suficiente acceso a todos los aspectos del proceso electoral”, lo cual incluye la evaluación de los aspectos políticos, jurídicos y administrativos del proceso. Los expertos evaluarán elementos como el entorno en el que se llevó a cabo la campaña electoral, incluyendo la libertad de los medios de comunicación; tendencias de desinformación e información errónea en redes; y el respeto por los derechos fundamentales.
El nuevo CNE también anunció que algunos partidos políticos de la oposición podrían participar en las elecciones del mes de noviembre. Los principales partidos opositores confirmaron que se presentarían como Plataforma Unitaria.
Para que todos los venezolanos ejerzan sus derechos a votar y a postularse para cargos públicos, es esencial que se permita un debate abierto en un contexto libre de temores, violencia e intimidación por funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno. Todos los partidos políticos deberían poder elegir libremente a sus dirigentes, sin injerencia indebida del ejecutivo ni del poder judicial, y la oposición debería poder compartir libremente sus opiniones en los medios de comunicación, las redes sociales y las calles. Se deben desestimar las acusaciones arbitrarias contra políticos de oposición, liberar a quienes han sido detenidos arbitrariamente y permitir a aquellos inhabilitados arbitrariamente postularse a cargos públicos.
El gobierno y sus partidarios no deben discriminar políticamente contra críticos ni la oposición, lo cual incluye no limitar su acceso a alimentos y servicios públicos subsidiados por el gobierno, de manera que no se sientan presionados a votar a su favor. El gobierno también debe asegurar que todos los venezolanos puedan votar libremente, lo cual resulta particularmente difícil para los más pobres, quienes tienen acceso limitado al transporte público para desplazarse hasta los centros de votación debido a la escasez de combustible. Los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil deben poder informar sobre el proceso electoral y las condiciones en las que se desarrolla sin sufrir represalias. Asimismo, un poder judicial independiente debería resolver cualquier recurso imparcialmente, y disuadir intentos de fraude, intimidación y otros abusos.
Actualmente no se cumplen ninguna de estas condiciones en Venezuela. La presencia de observadores electorales con un mandato amplio y posibilidad de acceso, así como experiencia en países con gobiernos represivos, podría contribuir a señalar estos serios problemas con objetividad a medida que surjan.
Los observadores también podrían contribuir a sentar las bases para asegurar condiciones que les permitan a los venezolanos ejercer su derecho a votar y a postularse a cargos públicos con libertad en futuras elecciones. Para no perder esta oportunidad, es indispensable que los observadores puedan ejercer y ejerzan plenamente sus mandatos.
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