Chile desplegará sus Fuerzas Armadas en las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso masivo de migrantes a través de pasos no habilitados en estas zonas.
El gobierno de Gabriel Boric difundió el Decreto con Fuerza de Ley que permitirá la militarización con el objetivo de respaldar el accionar de la Policía en el control migratorio y de seguridad en zonas que se han visto desbordadas por el ingreso ilegal de personas.
El decreto establece el marco legal bajo el cual los militares pueden actuar y detalla una serie de pasos que van desde la revisión de la identidad hasta el uso de la fuerza como último recurso.
Las FFAA podrán solicitar los documentos de cualquier persona en las fronteras, registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos si es que existe alguna presunción de que esta pueda cometer un crimen o delito o algún indicio que “permita inferir que la persona tiene orden de detención pendiente”.
Asimismo, el decreto establece que los uniformados deberán actuar bajo los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad” y determina que antes de cualquier acción debe cumplir con el deber de advertencia, evitar daño colateral y considerar la legítima defensa.
El texto establece que “antes de recurrir al uso de la fuerza o empleo del arma de fuego, se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión”, señalando varios pasos antes de recurrir al uso de armas de fuego.
En primer lugar, podrán emplear medios disuasivos, como desplegar vehículos y personal militar armado en la zona. Si la persona o el grupo de personas que vulnere la frontera no se detiene, los funcionarios pueden usar otros elementos como granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno.
El siguiente paso en caso de negativa a un control es el uso de armamentos no letales o antidisturbios, especificando que no se podrán disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro. Si la amenaza persiste, el decreto señala que los militares podrán “preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla”.
Si ninguna de esas acciones funciona, podrían realizar disparos de advertencia.
La opción de usar el arma de fuego, sin embargo, queda restringida “solo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas letales o que pongan en peligro la vida de otras personas”.
El despliegue comenzará este lunes. “Vamos a estar recorriendo algunos de los lugares del despliegue el próximo lunes, viendo cómo se va a apoyar este trabajo de las Fuerzas Armadas”, adelantó la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la medida que inicialmente estará vigente por 90 días.
Los operativos se montarán puntualmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, según detalló el decreto difundido por el gobierno de Gabriel Boric, y -de ser necesario- podrá ser extendido con la aprobación del Congreso, una vez concluidos los tres meses iniciales.
Según precisó el alcalde del municipio de Colchane, Javier García, por ese punto llegan a Chile a través de pasos irregulares cerca de 400 personas cada día.
En ese sentido, señaló que el país registra un aumento significativo de inmigrantes de países cercanos, principalmente de venezolanos.
Colchane es un poblado andido que limita con Bolivia y es el más utilizado por los extranjeros para ingresar a Chile. Sin embargo, en los últimos años han muerto decenas de personas a causa de los peligros a los que se exponen con estos operativos ilegales. Por su parte, quienes logran llegar a las ciudades chilenas se instalan en carpas y plazas o, inclusive, caminan a la deriva en busca de ayuda.
La medida, sin embargo, no fue bien recibida entre las autoridades de la zona, que adelantaron que no será efectiva para resolver la cuestión migratoria -aunque sí para reforzar la seguridad en el norte del país- y, en su lugar, reclamaron otras disposiciones que sí permitan hacer frente a este problema.
El gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, comentó que sería efectivo establecer medidas paralelas, una mayor participación de las autoridades locales y comunicación fluida con los países vecinos.
Las decisiones sobre esta ley “nuevamente se tomaron a más de 2.000 kilómetros de donde está el problema”, por lo que “no se tomó el parecer de las autoridades regionales o la sensación de cómo esto podría materializarse o practicarse”, declaró en entrevista con Lo que Queda del Día.
En ese sentido, se mostró decepcionado con lo anunciado ya que, en realidad, esperaban que los militares pudieran impedir el ingreso al país por los pasos irregulares y no realizar controles que serán difíciles de implementar ya que -en su mayoría- se trata de personas indocumentadas.
“Yo creo que va a ser muy complejo que la medida funcione. Yo espero que sí, tengo la máxima esperanza de que suceda bien, pero será muy complejo desde lo práctico”, agregó.
También, advirtió del efecto contrario que el decreto podría tener ya que, después de registrar a los migrantes, serán detenidos y llevados a un recinto policial, donde se llevará a cabo el proceso de reconducción, al cual señala de “totalmente fracasado”.
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