La nueva legislación impulsada por el oficialismo amenaza con silenciar a organizaciones civiles y medios de comunicación críticos con la gestión del controvertido mandatario.
En la misma sesión en la que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un pronunciamiento de repudio contra los resultados de las votaciones sin elección de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua el pasado domingo, los diputados leales al presidente Nayib Bukele presentaron a la Asamblea Legislativa —que controla el partido de Bukele, Nuevas Ideas— un proyecto de ley que emula una de las normativas punitivas del caudillo sandinista para acallar a las organizaciones civiles, periodistas y opositores. Se trata de una “Ley de Agentes Extranjeros”, cuya justificación es casi la misma que usaron los legisladores de Managua en octubre de 2020. Palabras más, palabras menos, un calco: “garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país”.
Más allá de la contradicción de condenar a un régimen autoritario y seguir su mismo manual represivo, este nuevo zarpazo en ciernes socava más la democracia y las libertades salvadoreñas, arrinconadas por la cruzada del popular mandatario sobre el Parlamento, la justicia y la Fiscalía. De acuerdo a integrantes de la sociedad civil y periodistas, este proyecto de ley llega en un momento en el que Bukele se ha enfilado contra toda voz que critica la actual crisis de desaparecidos, la violación a la separación de poderes, y la adopción del Bitcoin como moneda de circulación nacional.
Tras presentar el proyecto, Bukele dio un espaldarazo al proyecto de ley a través de una serie de trinos en Twitter, en los que sostiene que su “Ley de Agentes Extranjeros” tiene como fin “prohibir la injerencia extranjera”, el mismo argumento que Ortega ha empleado en Nicaragua para cerrar organizaciones civiles críticas, apresar y procesar periodistas y perseguir a la disidencia hasta el exilio. El articulado de la ley también tiene las mismas premisas que la nicaragüense: imponer a las organizaciones una serie de requisitos administrativos casi imposibles de cumplir que, por consiguiente, conducen al cierre de las mismas y el acallamiento de las voces disidentes.
La propuesta enviada por Bukele fue presentada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, quien aseguró que el objetivo de la misma es “garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social, y política del país”. El anteproyecto, al igual que el de Ortega, insta al Ministerio de Gobernación a crear un Registro de Agentes Extranjeros (RAE).
El RAE sería encargado de supervisar, fiscalizar y llevar un control de actividades de los “agentes extranjeros” en El Salvador. Cumpliendo la misma función inquisidora que en Nicaragua, este registro escribirá un informe semestral que será enviado a la Fiscalía General de la República para ser analizado a la luz de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
En Nicaragua, en la práctica, las organizaciones no gubernamentales han tenido que disolverse por no poder cumplir los requerimientos. Las que se han inscrito ante Gobernación van muriendo poco a poco, ya que semanalmente deben reportar en más de tres ocasiones las mismas transacciones. La entrega de documentación es rocambolesca y las multas administrativas son decididas de forma discrecional por los funcionarios.
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