Sube el telón: se ve un salón con varias mesas, unas cortinas negras improvisadas que delimitan el espacio, cajas de cartón kraft selladas con precintos.
Un elenco de hombres y mujeres, puros extras sin un protagonista que destaque, mueven las cajas para ponerlas sobre una de las mesas, donde las abren. Todos llevan guantes y mascarillas, como si por celo profesional evitaran contaminar con sus huellas la escena de un crimen; y es verdad: en más de un sentido, realizan una labor forense. Se las ha confiado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo logo impreso en gigante domina el escenario. “Área de peritaje”, se lee en las letras blancas debajo del logo de la institución, al fondo del escenario. Baja el telón.
¿Cómo se llama la obra? La falsa auditoría de las actas electorales.
Lo anterior fue lo que se pudo ver en las tomas del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) y en las fotografías difundidas por el propio TSJ en sus redes sociales a mediados de agosto.
El 31 de julio, en medio de protestas nacionales y el incumplimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, en la divulgación oportuna de la información detallada de los resultados, así como en las debidas auditorías posteriores a los comicios, Nicolás Maduro, asediado por fundadas sospechas de fraude y la presión internacional, había acudido a la Sala Electoral del TSJ, también dominado por el chavismo, para solicitar un inédito “recurso contencioso electoral” ante lo que calificó como un “intento de golpe de Estado”.
El 10 de agosto, a raíz de la solicitud de Maduro, el TSJ confirmó que se abocaba “al peritaje de todo el material electoral de valor probatorio” y unos días después, el 15 de agosto, la presidenta del organismo, Caryslia Rodríguez, informó que “dicho peritaje se encuentra en proceso de ejecución por un grupo de expertos en materia electoral con los más altos estándares técnicos y científicos nacionales e internacionales”. Ese mismo día, el país vio las primeras imágenes de la llamada “área de peritaje”.
Al cabo de ese frenético calendario, el 22 de agosto, la propia Caryslia Rodríguez leyó la sentencia por la que confirmaba que los resultados oficiales emitidos por el CNE “están respaldados por las actas de escrutinio” y que esas actas “mantienen plena coincidencia” con los registros de la sala de totalización del CNE. Subrayó ante los del cuerpo diplomático presentes en el acto -cuyos gobiernos, en muchos casos, exigían y siguen exigiendo una verificación imparcial de los resultados- que la sentencia cerraba el caso.
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