Los abogados de Rocío San Miguel reclamaron este martes una medida humanitaria para que la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano reciba atención por parte de sus médicos de confianza. Theresly Malavé, en declaraciones dadas a la prensa cerca del Palacio de Justicia, en Caracas, indicó que la presa política presenta una fractura en su hombro derecho.
«Se está solicitando medida humanitaria debido a que la defensora de derechos humanos, privada de su libertad de manera injusta y sin respeto al debido proceso, presenta una fractura en su hombro», declaró Malavé.
ÚLTIMA HORA | Exigen medida humanitaria para Rocío San Miguel: “En el Sebin no hay condiciones para postoperatorio”.
“Tiene que ser operada por un especialista. Tiene 6 meses con esa fractura (…) se la detectaron por una jornada médica 4 meses después” https://t.co/j1am1rlZR7 pic.twitter.com/ntHhyEKfGa
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) February 11, 2025
El juicio de Rocío San Miguel debía iniciar en diciembre, pero no se concretó porque a la activista no la trasladaron al tribunal. Este martes está previsto un nuevo intento para el inicio del proceso.
La activista sufrió una fractura en el hombro hace seis meses y aún no ha recibido la cirugía requerida. Fotografías difundidas en diciembre mostraron que solo recibe analgésicos, lo que limita su movilidad para vestirse, asearse y comer.
«Esta medida resulta urgente para que Rocío pueda someterse a la intervención quirúrgica necesaria y recupere su salud de manera definitiva. La resolución es de suma importancia ante el deterioro acelerado de su estado de salud», instó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, a través de la red social X.
Rocío San Miguel ya tiene un año detenida, ¿de qué la acusan?
Rocío San Miguel cumplió el domingo un año en prisión, acusada de terrorismo y traición a la patria por presunta participación en un complot contra Nicolás Maduro. Sigue encarcelada a la espera de un juicio que aún no comienza y su defensa rechaza los señalamientos y denuncia violaciones al debido proceso.
De 58 años de edad, a la activista la arrestaron el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía cuando se disponía a viajar junto a su hija Miranda Díaz, a quien también retuvieron y liberaron bajo medidas cautelares.
La Fiscalía la vinculó con Brazalete Blanco, un supuesto plan para atacar una base militar en el estado Táchira y luego atentar contra Maduro. A su expareja, un militar retirado, también lo señalaron como parte de la conspiración.
Desde entonces, permanece recluida en El Helicoide, conocida por las graves denuncias de torturas y tratos inhumanos, y no ha podido elegir a sus abogados. A pesar de insistir en su derecho a una representación independiente, el Estado le impuso un defensor público.
El abogado Juan González Taguaruco busca asumir su defensa, pero aún no ha logrado acceder al expediente, reseña AFP. Además de los cargos de traición y terrorismo, el expediente incluye acusaciones por conspiración, asociación para delinquir y homicidio tentado en supuesto perjuicio de Maduro y Freddy Bernal, gobernador de Táchira.
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