El diputado ante la Legítima Asamblea Nacional, Freddy Guevara advirtió este lunes 7 de febrero del peligro de avalar el proceso fraudulento de selección de magistrados del TSJ de Nicolás Maduro.
En ese contexto, Guevara aseguró que avalar ese proceso pone en riesgo el proceso en la Corte Penal Internacional, debilita la negociación en Mexico y le da legitimidad al régimen de Maduro.
«Eso es muy peligroso: Avalar ese proceso pone en riesgo el proceso en la CPI, debilita la negociación en Mexico y le da legitimidad. Hacer eso, a cambio de tener unos pocos magistrados en un TSJ controlado por Maduro, sería demasiado dañino para el país«, explicó mediante Twiter.
Reiteró que sería una patada a la comunidad internacional (incluido el Grupo de Contacto) que está presionando por parar ese proceso fraudulento y reforzar un acuerdo integral para la democracia y recuperación del país.
«Adicionalmente, sería una patada a la comunidad internacional (incluido el Grupo de Contacto) que está presionando por parar ese proceso fraudulento y reforzar un acuerdo integral para la democracia y recuperación del país. En resumen: el saldo sería terriblemente negativo«, dijo.
Adicionalmente, sería una patada a la comunidad internacional (incluido el Grupo de Contacto) que está presionando por parar ese proceso fraudulento y reforzar un acuerdo integral para la democracia y recuperación del país.
En resumen: el saldo sería terriblemente negativo.
— Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) February 7, 2022
El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea chavista publicó el pasado 4 de febrero, los requisitos para la selección de candidatos a Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro.
Todas las postulaciones se recibirán hasta el 15 de febrero de 2022 en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional.
Las exigencias para este cargo son:
- Ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
- Ser ciudadano de reconocida honorabilidad.
- Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía por un mínimo de 15 años y tener un título universitario de postgrado en materia jurídica, entre otros.
- No ser cónyuge ni mantener unión estable de hecho, ni vínculo de consanguinidad ni afinidad con los Magistrados del TSJ, Presidente de la República, Ministros del Ejecutivo Nacional, Fiscal General, Defensor Público General, rectores del CNE, Contralor general de la República y Procurador General de la República.
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