Un grupo de 71 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), núcleo Caracas, fue expulsado por las autoridades por su vinculación en las protestas dentro de la institución el pasado 28 de julio, día de las elecciones presidenciales.
Los estudiantes de TSU en Criminalística e Investigación Penal fueron llamados este miércoles 11 a un «consejo disciplinario», donde se les obligó a firmar el «retiro» de la institución por supuestamente violentar las normas de convivencia relativas a «la moral y las buenas costumbres dentro o fuera de la universidad».
El hijo de Jon* es uno de los expulsados. Como abogado introdujo una denuncia en un tribunal de casación civil, pero la jueza le dijo que debía agotarse la vía administrativa y los recursos de revisión y reconsideración en su caso.
«Si vas a individualizar la conducta que de cada uno de los alumnos en esos hechos, entonces dime qué conducta antijurídica encuadra en cada uno de ellos. Mi hijo y los otros cinco involucrados aparecen en una foto haciendo su cola en el centro de votación. Ellos me dijeron que esto es una orden de arriba. La orden que tiene es darle la baja a los 71 años para meter miedo, no tiene otra palabra, meterle miedo al resto de los estudiantes», asegura Jon.
Luego del 8 de agosto, cuando fue llamado a entrevista, el día 21 le fue notificado que tenía abierto un proceso administrativo. Jon explica que «hicieron todo al revés. Cuando notifican que hay un procedimiento, ellos (la UNES) se guían por las normas internas que dan 48 horas para presentar cualquier recurso, cuando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en el artículo 48 que son 10 días».
Comenta que intentó conversar con el coronel Jaime Alcántara, parte de la directiva de la UNES, quien le dijo «que no le daba la gana de recibirme nada. Todo esto lo lleve a tribunales, pero me dicen que agote todos los procedimientos administrativos, pero cómo vamos a agotar estos recursos si no nos reciben».
Entre los expulsados hay jóvenes que ya habían terminado carga académica y pagado los 90 dólares de aranceles por concepto de título y grado. Ese es el caso de Juan*, de 21 años y quien esperaba ingresar en octubre al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Juan denuncia que le violaron sus derechos fundamentales al no permitirle defenderse de las acusaciones de la directiva. Explica que primero fue citado a una entrevista, donde lo señalaron directamente de ser uno de los estudiantes que grabó la protesta del 28 de julio tras las agresiones a una compañera. Días después, fue informado que tenía un proceso administrativo abierto en la institución y debía presentarse.
A los estudiantes los convocaron por horarios. Juan fue uno de los primeros en ingresar, pero a las 6:00 p.m. el grupo que ingresó cinco horas antes no había salido de la institución.
«El general José Rigoberto Betancourt Moya, secretario general de la UNES. Es el culpable y responsable de todo lo que está pasando, porque él estaba haciendo voto asistido y agredió a una compañera. Ahí es cuando se hace el alboroto», asegura Martha*, madre de uno de los expulsados.
Su hijo tenía previsto terminar la carga académica en diciembre, pero fue llamado a declarar. Fue uno de los detenidos el propio día de las elecciones y llevado a la sede de la PNB en Maripérez. Luego de dos días, fue trasladado a una sede del Cicpc en Santa Paula. Ahí estuvo hasta el viernes 02 de agosto.
Fue excarcelado y quedó bajo investigación, junto a otros cinco compañeros, por supuesta «incitación al odio». Ni su celular ni otras de sus pertenencias les han sido devueltas.
«Ya esas bajas estaban montadas desde hace días. Ellos dicen que están cumpliendo con el protocolo pero ellos mismos lo están violando porque van a tener sanción doble. Ellos ya estuvieron presos por un delito una semana», afirma María.
A los estudiantes de la UNES se les niega el derecho a la defensa privada, así como ha ocurrido con los miles de detenidos tras las protestas postelectorales. Una estudiante denuncia que se les viola el «derecho a la educación, al debido proceso y a la defensa».
Cuenta a TalCual que este 11 de septiembre fue citada al consejo disciplinario y dice que «ni siquiera los dejaron hablar, nos negaron la entrega del título y nos dieron la baja inmediata». Esta aspirante a funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana dijo que se les recomendó «seguir apelando», pero recuerda que ellos ya culminaron sus estudios.
Esta estudiante considera que las elecciones, en este caso las presidenciales del 28 de julio, forman parte de un acto cívico que no está vinculado con la universidad y sostiene que en el consejo disciplinario se les habla de leyes «que nosotros como estudiantes de la UNES ni sabemos».
La madre de otro estudiante de la Universidad de la Seguridad considera que el máximo responsable de que boten a estos 71 estudiantes es Betancourt Moya, pues afirma que el rector Fabio Zavarse llegó a la institución la tarde de este miércoles 11 de septiembre y dijo desconocer la situación.
Los mismos estudiantes responsabilizan a Betancourt Moya de que se les haya obligado a firmar las bajas sin permitirles acceso a la defensa. Los familiares evalúan las medidas a tomar, entre ellas las denuncias a la Defensoría del Pueblo. «Esto es una gran injusticia que se está cometiendo contra estos 71 alumnos».
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