Oscar Figuera, secretario general del PCV, en nombre del buró político, exigió la constitución de una comisión «con personalidades que no estén comprometida con las mafias» que investigue en la Asamblea Nacional la corrupción en Pdvsa, de las empresas básicas de Guayana y la inacción de los altos funcionarios del Estado que no actuaron para impedir «el asalto» del erario.
Piden que se interpele también en el Parlamento que controla el PSUV a los responsables de la Contraloría, de la Fiscalía y de la propia AN, así como incluir a Nicolás Maduro, y que establezca las responsabilidades, enjuicie y castigue a los culpables de «la corrupción que se ha instalado en las diversas instancias del Estado venezolano».
Insisten en que Nicolás Maduro «es el responsable de la hacienda nacional y designó a la Comisión Presidencial para la Reestructuración de Pdvsa ‘Alí Rodríguez Araque’ y es responsable directo de ese equipo». Recuerdan que el decreto respectivo establece que Maduro debía recibir mensualmente un informe de gestión de parte de Tareck El Aissami. «No era posible desarrollar una concepción del negocio petrolero en los últimos tres o cuatro años sin el conocimiento de Nicolás Maduro Moros», afirmó Figuera.
«Todo esto debe ser investigado, pero no por quienes son parte de esas cofradías corruptas, corrompidas, mafiosas, sino por una comisión que debiese formar la Asamblea Nacional con personalidades que no estén comprometida con las mafias», dijo el portavoz del PCV.
«Denunciamos las condiciones de impunidad de la Ley Antibloqueo al señalar que las decisiones del Ejecutivo nacional son confidenciales (…) el secretismo que impide que se desarrolle la contraloría social, el secretismo para robar al pueblo, para entregar las empresas nacionales a los capitales extranjeros».
En rueda de prensa este lunes 10 de abril, Figuera dijo que existen instituciones y funcionarios con claras facultades constitucionales que no han actuado y «han estado al margen de los procesos de investigación o han avalado situaciones por acción u omisión que favorecen las prácticas de corrupción», como son los casos de la Contraloría y la Fiscalía General de la República así como la propia Asamblea Nacional.
«En el PCV nos preguntamos dónde está la Contraloría, hasta ahora no hemos escuchado ninguna posición contundente (…) De la Fiscalía hemos escuchado que sigue actuando como ya nos tienen acostumbrados: como un poder subordinado y subalterno frente al Ejecutivo nacional (…) Recibieron información de la Policía Contra la Corrupción y actúan en el marco de lo que les indican las circunstancias: una profunda confrontación entre mafias y grupos que controlan el poder en Venezuela».
Para el Partido Comunista de Venezuela la inacción de estas instancias del Estado no es incapacidad sino «complicidad, que es mucho peor».
El PCV insiste en que hay que hacer correctivos profundos, incluyendo un error cometido desde la gestión de Hugo Chávez como fue asignar a un mismo funcionario la presidencia de Pdvsa y la jefatura del Ministerio de Energía y Petróleo, porque «se paga y se da el vuelto».
«Hay unos presos (por los recientes casos), pero hay todo un sistema que permite la corrupción y el enriquecimiento y que impide la denuncia, y a quien denuncia se le aplica la Ley Contra el Odio, además de la Ley Antibloqueo, pero no se corrigen las causas que permiten el saqueo del país».
Figuera demandó al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República la revisión de todos los casos por los cuales fueron judicializados y criminalizados trabajadores de Pdvsa y de empresas básicas de la CVG y que a la luz de los recientes casos de corrupción hechos públicos, como parte de una «profunda confrontación entre mafias y grupos que controlan el poder en Venezuela», apuntan a que decían las verdad.
Citó los «casos emblemáticos» de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, dejados en libertad tras cumplir más de la mitad de la pena impuesta, «pero no son capaces tribunales y la Fiscalía de hacer una revisión profunda del caso y determinar que lo que la Fiscalía considera que es información interna que no debe hacerse pública y que se expresó en la denuncia de corrupción hecha por ellos, fue un acto patriótico, ético, profundamente comprometido con los interese venezolanos. Todas las decisiones contra ellos deben ser revisados, anuladas y el Estado resarcirlos», demandó.
También incluyó los casos de Eudi Quiroz y Johana Gonzalez que «ahorita cumple un año con orden de excarcelación que no se ha hecho efectiva», así como los de Marcos Sabariego y Gil Mujica.
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