La embajadora de Venezuela ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica, Mary Ponte, rechazó este miércoles la expulsión y el plazo de 72 horas para desalojar el país que se notificó a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brilhante, tal como lo hizo público este miércoles el régimen, a través de Jorge Arreaza.
Esta reacción del régimen se presenta luego de las nuevas sanciones anunciadas por la Unión Europea contra 19 funcionarios del régimen narco terrorista de Maduro. La embajadora de Venezuela ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica, Mary Ponte, celebró la medida de la UE y está segura de que “a los colaboradores de la dictadura también los alcanzará el brazo de la justicia”.
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“Las sanciones se van ampliando no solo para los corruptos, sino también para los violadores de derechos humanos y para quienes obstaculizan la posibilidad de unas elecciones, violando también los derechos electorales de los venezolanos. La incomodidad de la dictadura frente a estas medidas es evidente”, explicó Ponte.
Aunque la ruta ha sido dura y lenta, la embajadora no tiene duda de que “la comunidad internacional sigue apoyando una salida electoral para Venezuela y para ello están conscientes de la necesidad de identificar y penalizar a los violadores de derechos humanos de manera sistemática, que es en lo que se ha convertido el régimen de Maduro”.
El Consejo de la UE incorporó a 19 destacados funcionarios venezolanos a la lista de sujetos a medidas restrictivas, por su papel en actos y decisiones que atentan contra la democracia y el estado de derecho en el país, o como consecuencia de graves violaciones de derechos humanos.
Las personas agregadas a la lista son responsables, en particular, de socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de las libertades fundamentales.
La decisión de la UE eleva a 55 el número total de personas sujetas a sanciones, que incluyen prohibiciones de viaje y congelación de activos. Estas medidas específicas están diseñadas para no tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana, y pueden revertirse.
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