La diputada Deyalitza Aray, consideró a la Comisión Permanente de Contraloría, abrir una investigación en relación a la red de tráfico y venta ilegal en dólares de medicamentos para el tratamiento del Covid-19, ocurrida en el centro hospitalario Enrique Tejera, ubicada en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo, donde presuntamente estarían implicados funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
«Queremos que esta investigación la abordemos desde la Asamblea Nacional, para que aquí no sean los inocentes, los que paguen por este hecho vergonzoso y aberrante, sino que verdaderamente se descubra sí están involucrados altos funcionarios del régimen y quienes sean acusados, caiga sobre ellos, todo el peso de la Ley», instó durante la Sesión Ordinaria de la AN, realizada vía online.
La parlamentaria denunció que por este caso, están detenidos el director regional de la Fundación Instituto para la Salud (Insalud), quien pertenece al equipo de trabajo del gobernador Rafael Lacava; y el director del Hospital «Enrique Tejera». De igual forma, señaló que presuntamente está involucrado Juan Carlos Betancourt, alcalde de Puerto Cabello.
Solicitó como punto de información abordar el tema donde recordó que la investigación inició ante denuncias formuladas por familiares de pacientes, «quienes compraron medicamentos para combatir el coronavirus a precios elevados en divisas, los cuales son suministradas de forma gratuita a los enfermos referidos en los hospitales centinelas».
Al respecto, tildó « vergonzosa » la situación de «pretender negociar, comercializar con estos medicamentos y someter a la gente que ya sufre la pandemia, adquirir estos medicamentos a un costo que no pueden pagar ».
Mostró documentos y fotografías del trabajo de investigación llevada a cabo por periodistas de la región que difundieron información sobre los procedimientos y allanamientos referentes al tráfico de medicamentos y denunció que están siendo amenazados «por mostrar la verdad».
La legisladora Aray, quien ocupa la vicepresidencia de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la AN, indicó que este caso, es otra muestra del grave nivel de corrupción y criminalidad, que impera en la mayoría de las instituciones públicas que usurpa el régimen.
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