En Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, vía online, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la AN, reiteró que la violación de los derechos humanos y la persecución política en Venezuela no cesa, sino más bien, se incrementa con el pasar de los días, por parte de la dictadura.
Asamblea Nacional de Venezuela
Afirmó que familiares y víctimas directas de su derechos fundamentales por el régimen, quienes se reunieron hace un año, con la Alta Comisionada para los DD.HH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exigen justicia y respuestas contundentes de este organismo internacional contra las atrocidades que comete las autoridades y organismos de seguridad del régimen criminal.
UIP condena violación DD.HH
Solórzano recordó que la Unión Interparlamentaria (UIP) emitió un informe, el cual calificó de “extraordinario” donde señala que en Venezuela se violan los derechos humanos, condena la toma violenta del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, destaca el reconocimiento únicamente a Juan Guaidó, como presidente legítimo del parlamento venezolano y exige el cese de acoso a los parlamentarios.
La legisladora indicó que hoy en el marco de la celebración del 131 aniversario de la UIP, y el Día del Parlamentarismo, cuya función no se puede ejercer de manera libre porque la dictadura ha pretendido secuestrar a la Asamblea Nacional, para que no pueda cumplir con su trabajo”.
Informó que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias exige la libertad inmediata del General de la GNB Héctor Hernández Da Costa, quien está secuestrado por las fuerzas de seguridad del régimen.
Esposa del capitán asesinado Rafael Acosta Arévalo
La parlamentaria Solórzano rememoró que hace un año, Venezuela se enlutó con el asesinato del capitán Acosta Arévalo, causadas por las fuerzas “satrapistas”, a quien “torturaron de manera tan brutal que le ocasionaron la muerte. Esa realidad triste que aún Venezuela llora hoy, la va a reflejar su esposa, con su venía señor presidente”.
Inmediatamente, el presidente Guaidó autorizó otorgar el derecho de palabra a Walewska Pérez de Acosta, Esposa de Rafael Acosta Arévalo, quien relató que el capitán de la armada, fue salvajemente torturado desde el 21 hasta el 28 de junio del año 2019.
Agradeció al presidente Guaidó y a los diputados por permitirle presentar el caso ante la plenaria de la Asamblea Nacional y posteriormente, en compañía de sus abogados Tamara Sujú y Alonso Medina elevar las denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) de cómo el capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, fue víctima de la violación sistemática de sus derechos humanos.
Aseveró Pérez que al capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, el régimen de Maduro violó su derecho a la vida, a un juicio justo, ser tratado con dignidad y un debido proceso”.
Condenó a los responsables bajo la Ley de Tortura, Tratos Crueles que existen en Venezuela, desde el 2013 donde establece que la responsabilidad de tan abominable asesinato a la cadena de mando desde que dio la orden de torturar, los colaboradores, los médicos que evaluaron hasta el juez que ordenó trasladarlo hasta el ambulatorio.
Exhortó a los representantes de la Alta Comisionada para los DD.HH de las Naciones Unidas, investigar y supervisar sobre la situación de los presos militares por razones políticas que están en “La tumba” de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y exigir fe de vida de cada uno de ellos.
Walewska Pérez, acotó que el estado de venezolano es responsable de garantizar la seguridad y la salud de los presos.
Retomó de nuevo la palabra la diputada Solórzano, quien expresó que este conmovedor testimonio relatado por Walewska Pérez de Acosta, esposa de Rafael Acosta Arévalo, “es la triste realidad” de una Venezuela que clama justicia y lamentó que los organismos que se encargan de las leyes están secuestrados por el dictador, quien responsabilizó de tener a más de 400 venezolanos presos de “consciencia”, de los cuales 5 son parlamentarios, que aún están privados de libertad.
Omisión del informe DD.HH-ONU
Consecutivamente el diputado Guillermo Palacios insistió que la violación a los derechos humanos y la persecución selectiva a la dirigencia política y social, se ha incrementado considerablemente, a tal punto, que no se respeta la vida de los venezolanos, por parte de los organismos de seguridad del Estado con el aval del régimen.
Igualmente, agregó que los derechos políticos están siendo vulnerados, tal como sucedió con la írrita designación de los rectores del CNE, en contravención disposiciones constitucionales.
En su intervención recordó que hoy se cumple un año a Venezuela, de la visita de la Alta Comisionada para los DD.HH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien constató las denuncias que se había realizado sobre la violación de los derechos humanos en el país y donde pudo reunirse y entrevistarse con los familiares de las víctimas del régimen.
Deploró que el régimen se niegue a rectificar y considerar las observaciones y recomendaciones planteadas en el informe de la Alta Comisionada para los DD.HH de las Naciones Unidas, que hace hincapié sobre la represión política a la disidencia y la disolución de Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), entre otros.
Palacios señaló que por el contrario el régimen de Maduro omitiendo las consideraciones de Bachelet, ha incrementado el accionar de estos cuerpos policiales “perversos” en el país.
“El derecho a la vida se ha agravado como consecuencia de las necesidades que existen en Venezuela y que el régimen no ha podido resolver. El derecho a la salud inherentemente como derecho a la vida, se puede constatar durante esta pandemia del coronavirus, que Venezuela no está en condiciones de enfrentar esta situación delicada que se padece a nivel mundial”, manifestó.
El legislador pidió a la comunidad internacional y a la ONU estar atentos a lo que sucede en el país.
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