De mal en peor. Así parece ir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en lo que a rendición de cuentas se refiere, pues cada año sus autoridades aportan menos datos que permitan evaluar su actuación durante el período anterior, una actitud que va a contracorriente de lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 26 de la Constitución, el cual señala que «El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles».
A esta conclusión se arriba luego de seguir el acto de apertura de actividades judiciales 2023, celebrado el pasado 31 de enero en la sede del máximo juzgado, y sobre todo tras escuchar el informe de gestión que presentó la presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez.
«Desde los estrados judiciales y con lealtad patriótica honramos la virtud de la justicia, que es la potestad que emana de la ciudadanía y que, al ser impartida, en nombre de la República y por autoridad de la ley, constituye una base esencial de la vida colectiva». Con estas palabras inició la funcionaria su discurso.
Sin embargo, durante los más de 40 minutos que estuvo hablando Gutiérrez apenas ofreció datos que permitan corroborar la existencia de ese «plan de renacimiento del Poder Judicial, que se viene ejecutando por fases y progresivamente» al que se refirió en su intervención.
La magistrada aseguró que en 2022 los tribunales mostraron «altos niveles de eficiencia cualitativa y cuantitativa», y como prueba señaló las 423.242 sentencias dictadas por los jueces de la República. En 2021 esta cifra fue de 249.374 decisiones, según reportó el año pasado el entonces presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno.
No obstante, como ya viene siendo costumbre entre los presidentes del TSJ, Gutiérrez no precisó cuántas de las decisiones arriba mencionadas en realidad fueron sentencias definitivas y cuántas fueron autos y otros actos de trámite, que ya desde hace unos 10 años se cuentan como sentencias, pero no lo son. Asimismo, no especificó qué número correspondió a las distintas competencias y tampoco mencionó cuántas solicitudes recibieron los distintos jueces.
Tras recordar que 2022 estuvo marcado por la reestructuración que sufrió el máximo juzgado, mediante la cual sus miembros pasaron de 32 a 20, la funcionaria aseguró que esto ha producido «grandes oportunidades de crecimiento y superación de todo lo judicial». Y para sustentar sus palabras mencionó que el organismo rector del Poder Judicial dictó 3.955 sentencias, lo cual, dijo, representa «un incremento del 74% en comparación con 2021».
Sin sustento
Gutiérrez también resaltó la reactivación a finales del año pasado de la Agenda Única, el programa informático que puso en marcha durante su primera gestión al frente del Poder Judicial (2013-2017) y mediante el cual se busca evitar la suspensión de audiencias preliminares y de juicio al fijar dichos actos de acuerdo con la disponibilidad de los jueces, fiscales, defensores públicos y del Ministerio del Servicio Penitenciario.
No obstante, no ofreció cifras que permitan determinar que la iniciativa haya arrojado algún resultado a la hora de combatir los aplazamientos de audiencias, algo que tampoco ocurrió en el pasado.
Esta no fue la única declaración sin sustento estadístico ofrecida por la funcionaria. También dijo que los jueces penales celebraron audiencias preliminares y de juicio en cárceles, pero no precisó cuántas. Tampoco informó la cantidad de excarcelaciones, mediante revisión de penas, medidas sustitutivas o humanitarias que fueron acordadas en los últimos 12 meses.
Promesas al aire
Tras anunciar que en 2022 la Comisión Judicial designó «a modo provisorio» a 642 jueces, la presidenta del TSJ aseguró que la provisionalidad reinante en el Poder Judicial, por la cual ha sido duramente criticado en instancias internacionales, comenzará a revertirse.
«Se construyó el andamiaje legal para la celebración de los concursos de oposición, con lo cual el próximo paso es el llamado a dichos concursos», dijo.
La declaración, sin embargo, no da motivos para el optimismo. En primer lugar, la funcionaria no le puso fecha a la celebración de los concursos previstos en el texto constitucional, y en segundo, el TSJ no ha publicado ninguna nueva normativa sobre el asunto.
Las últimas regulaciones sobre los concursos fueron dictadas en 2016 y en ellas, entre otros, el TSJ cerró las puertas a las organizaciones no gubernamentales que reciban financiamiento desde el exterior a participar en las pruebas para escoger a los jueces.
En 2009 el entonces magistrado de la Sala Constitucional y director de la Escuela de la Magistratura, Arcadio Delgado Rosales, prometió que para el año siguiente se retomarían los concursos, lo que nunca más ocurrió.
La historia sin fin
Las dudas razonables de que la llamada «revolución judicial» puesta en marcha a finales de 2021 se tradujera en una justicia más independiente y eficiente quedaron reforzadas durante el acto.
Tanto Gutiérrez como la oradora de orden, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral, utilizaron términos como «patriótico», «revolucionario» o «insurgente», frecuentes en el discurso gubernamental.
Para rematar, el jefe del Gobierno, Nicolás Maduro, aseguró que el proceso de revisión no está concluido.
«Una revolución judicial que apenas ha dado los primeros pasos», dijo, al tiempo que agregó:
«La inmensa deuda de siglos de injusticia, de discriminación y de explotación no se van a saldar en dos o tres décadas de revolución justiciera, popular y bolivariana (…) falta mucho por hacer, por eso aquí en la casa de las leyes, de la superioridad constitucional, del principio de legalidad, en la casa de la justicia, llamo a profundizar, hoy más que nunca, la revolución judicial para que la justicia le llegue al hombre de a pie«.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La opacidad parece extenderse cada vez más en la justicia venezolana. Esta situación debería alarmar a todos por igual, porque no solo impide realizar una evaluación independiente de la actuación de esta rama del Poder Público, con la cual detectar errores y formular sugerencias para corregirlas, sino que de paso abre las puertas a la corrupción.
Asimismo, la combinación entre falta de información y el anuncio de que la llamada «revolución judicial» está lejos de terminar parecen abocar al país a una serie de cambios sin fin ni resultados reales.
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