Una británica mantuvo una batalla legal varios años con una de sus vecinas para evitar que alimentara y cuidara a su gato, gastando en ello miles de dólares en honorarios a sus abogados, informa el diario The Times.
Todo comenzó en 2015, cuando Jackie Hall comenzó a notar que Ozzy, su gato de raza Maine Coon, permanecía largos periodos de tiempo fuera de casa y en más de una ocasión regresaba portando collares nuevos.
La dueña, preocupada por las prolongadas ausencias de la mascota, le colocó un localizador GPS y logró rastrearlo hasta la casa de Nicola Lesbirel, una mujer que vivía en los alrededores, y quien llevaba años alimentando al gato.
Hall y su esposo informaron a la vecina que ellos eran los propietarios de Ozzy y le pidieron que dejara de ocuparse del animal. No obstante, las peticiones —a través de cartas, mensajes de textos y correos electrónicos— no surtieron efecto y fue entonces cuando Jackie contrató a un legista para solicitar una orden judicial.
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Lesbirel negó haber actuado mal y le respondió a la familia Hall que el felino era muy «cariñoso» y estaba muy «apegado» a ella y a su territorio. Sin embargo, los dueños le reiteraron que no era su gato: «No te lo vamos a dar», dijeron.
Luego de que ambas partes gastaran cerca de 20.000 libras esterlinas (26.000 dólares) pagando abogados, el caso se revolvió el año pasado antes de llegar a los tribunales. Lesbirel firmó un acuerdo vinculante que establecía que no alimentaría más a Ozzy ni le quitaría su collar. Asimismo, se comprometió a no dejarlo entrar en su vivienda.
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