Desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alzamos la voz en apoyo a las exigencias de los familiares de los más de 400 presos políticos civiles y militares que el régimen mantiene tras las rejas en condiciones contrarias al ordenamiento jurídico y siendo sometidos a procedimientos que infringen las normas y tratados internacionales.
Tras tres meses de la declaratoria de Estado de Alarma por Covid-19, la situación de quienes se encuentran privados de libertad en Venezuela se agrava. Se les mantiene aislados e incomunicados, sin posibilidad de recibir visitas y en algunos casos, sin permitirles recibir alimentos y medicinas, teniéndolos bajo régimen de incomunicación y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, el hacinamiento, la desnutrición, las enfermedades y las afecciones preexistentes exacerbadas por las condiciones de confinamiento -aunadas a la falta de atención médica- hacen más vulnerables a los detenidos y expone a toda la población de reclusos a un contagio masivo en un momento en el que aumentan los casos por Covid-19 en todo el territorio nacional.
En ese sentido, rechazamos el estado en el que se encuentran quienes están recluidos en los sótanos de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en donde comparten espacios mínimos alrededor de 200 personas, todas en condiciones infrahumanas y expuestas permanentemente a tortura y tratos crueles.
La comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado criminal, así como los casos y condiciones en las que se encuentran quienes han sido arbitrariamente detenidos por causas políticas, han sido evidenciadas, documentadas y expuestas por los Organismos Internacionales en sus múltiples Informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, es necesario que la comunidad internacional avance, de manera urgente, en la ejecución de acciones concretas que garanticen la protección de la vida e integridad de los presos políticos.
Por todo lo anterior y ante el evidente incumplimiento por parte del régimen de Nicolás Maduro del Memorando de Entendimiento firmado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, así como la manifiesta inexistencia de protección de las garantías fundamentales y del acceso a la justicia, exigimos:
1. Que los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, haciendo valer su condición de oficiales de las Naciones Unidas, ingresen a los sótanos de la DGCIM y constaten el estatus físico y mental de las personas ahí recluidas.
2. Se otorgue inmediatamente fe de vida y se proceda a evaluación médica de cada uno de los Presos Políticos recluidos en las sedes de Dgcim y Sebin, así como en las cárceles de Ramo Verde, La Pica, Santa Ana, Tocuyito, Inof y demás centros de reclusión.
3. La liberación de los presos políticos y todas aquellas personas privadas de libertad que cuentan con boletas de excarcelación y/o padecen de afecciones de salud que ponen en riesgo su vida e integridad, así como de todos aquellos a quienes les corresponden medidas alternativas por cumplimiento de la pena y/o sobreseimiento de las causas.
4. El cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como reglas Mandela, así como el cumplimiento de El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Finalmente, hacemos un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas y a toda la Comunidad Internacional a ejercer toda la presión necesaria para el otorgamiento y cumplimiento de estas medidas humanitarias previstas por organismos internacionales; el apoyo y la lucha por la libertad de los presos políticos es una tarea y un deber inaplazable, como es nuestro derecho ser amparados y protegidos ante la inexistencia de justicia en Venezuela.
Con información de Vente Venezuela
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