El Comité de Derechos Humano de Vente Venezuela envió este lunes una carta pública a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que le piden abogar por una fe de vida y revisión médica urgente de todos los presos políticos recluidos en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En la misiva, el equipo de DDHH insiste en la “dramática” realidad de los privados de libertad por motivos políticos y hace referencia al informe de la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, distribuido el 2 de julio de 2020, donde reconocen que estos centros de reclusión no reúnen los requisitos mínimos para garantizar los derechos de las personas allí secuestradas.
“Solicitamos con esta carta que los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, haciendo valer su condición de oficiales de las Naciones Unidas, ingresen a los sótanos de la Dgcim y constaten el estatus físico y mental de las personas ahí recluidas. Además, que se otorgue inmediatamente fe de vida y se proceda a una evaluación médica de todos los presos políticos recluidos en las sedes de la Dgcim y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como en las cárceles de Ramo Verde, La Pica, Santa Ana, Tocuyito, Inof; la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en La Quebradita (Caracas), y demás centros de reclusión”, reza el documento.
De acuerdo con el equipo del partido de la libertad, los cuerpos represivos y persecutores en Venezuela incurren en prácticas de tortura, desaparición forzada de personas y demás vejaciones que se suman a la violación continuada del derecho al debido proceso a la que son expuestas las personas detenidas en Venezuela.
Denuncian que desde el inicio de la cuarentena por Covid-19, el 16 de marzo, los privados de libertad han tenido problemas para recibir visitas y a muchos les han negado la posibilidad de comunicarse con sus abogados y familiares. Otros, insistieron, ni siquiera han recibido los alimentos y medicinas que les llevan sus cercanos. “Esto constituye una violación a sus derechos a la alimentación y a la salud y agrava su situación, dejándolos aún más expuestos a las consecuencias de su arbitrario confinamiento en condiciones de hacinamiento e insalubridad”, agregaron.
Además, rechazaron que en el informe del ACNUDH se haya decidido incorporar una salutación a los supuestos esfuerzos del Ministerio para el Servicio Penitenciario del Estado criminal. “Esto por supuestamente bajar los índices de violencia, lo cual es incoherente si, revisando el informe, se menciona al menos 18 veces a la DGCIM por uso excesivo de la fuerza, tortura y/o malos tratos”, sumaron.
Con información de Vente Venezuela
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