Durante una entrevista ofrecida este lunes, en el programa 360 que transmite Venezolana de Televisión (VTV), el fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, aseguró que en el país, «desde el año 2018 al 2022, se han reducido en 40% las violaciones de los derechos humanos».
«Nosotros fuimos víctimas de violaciones de los derechos humanos en el pasado», precisó.
«Yo quiero destacar una cifra interesante, a partir de esa llegada nuestra al Ministerio Público, y con la fecha, desde el año 2018 hasta el año 2022, ha bajado en aproximadamente un 40% las violaciones a los derechos humanos en este país, han disminuido, porque ha habido sanción, prevención y judicialización», detalló William Saab.
Sobre la conmemoración de los 34 años de la Rebelión Popular del 27 de febrero de 1989, William Saab precisó que para ese tiempo, «el Gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), violaba el derecho de los venezolanos».
Al respecto, destacó que, la Constitución de 1961, «tenía muy escasos artículos sobre derechos humanos».
A juicio de William Saab, «En medio de una situación como esta, Venezuela avanza en su sistema de justicia, buscando el equilibrio económico».
Seguidamente, manifestó su inconformidad que tras las sanciones a «Venezuela le impidan la compra de medicinas, alimentos, la comercialización de los productos». «Esto significa una masiva violación a los derechos humanos, yo la califico como crímenes de lesa humanidad».
«Lo que le han hecho a Venezuela, las superpotencias extranjeras, que en el fondo no quieren nada de democracia para Venezuela ni derechos humanos, quieren es apoderarse de la faja petrolífera del Orinoco, del Arco Minero, el coltán, de las aguas, de la fachada que tenemos al Mar Caribe, y a miles de circunstancias favorables que tenemos en nuestro país», puntualizó William Saab.
Vale acotar que el pasado 24 de febrero, el fiscal general chavista, precisó a la agencia de noticias EFE, que «un funcionario policial sabe, en este momento, que si comete una violación de derechos humanos le va a venir todo el peso de la ley».
Detalló que durante 2018 se abrieron 13.234 causas relacionadas con violaciones a los DD.HH., mientras que en el 2019 se iniciaron 11.461, lo que representa un 13% menos.
Indicó que en 2020 se contabilizaron 9.746 procesos por delitos de este tipo (15% menos que el año anterior), y que en los años 2021 y 2022, las causas abiertas alcanzaron 8.237 (15% menos) y 8.177 (1% menos), respectivamente.
Saab agregó que se ha imputado a un total de 1.625 personas por violaciones de garantías básicas, si bien no detalló el lapso de abarca esta cifra.
Indicó que, también, se han logrado 1.842 acusados por delitos vinculados con violaciones a los derechos humanos, así como 860 privados de libertad y 392 condenados.
William Saab, calificó estas cifras como «inéditas en la historia republicana», y aseguró que hablan de «una preocupación y una ocupación sobre un tema tan sensible».
«Esta es la respuesta del Ministerio Público de Venezuela, en nombre del Estado venezolano, a la Corte Penal Internacional (CPI)», dijo, según el escrito.
Recientemente, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de este organismo autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño, después de que quedara en suspenso a solicitud del Estado venezolano.
Esta postura fue rechazada por el Ejecutivo de Venezuela el pasado 5 de noviembre, al afirmar que se ha aportado «amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos».
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