La Asociación Civil Súmate denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) del régimen de Nicolás Maduro, ha incurrido en “una serie de acciones y omisiones” en el desarrollo del proceso hacia las elecciones regionales y municipales, que “atentan contra los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia”.
Mediante un comunicado, la ONG manifestó que el directorio del CNE “está a tiempo para actuar con el fin de corregir algunas de las situaciones irregulares” y con ello garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los electores.
Súmate exhortó al directorio del CNE “a cumplir con su promesa de restitución de las garantías electorales vulneradas en los procesos comiciales anteriores, ya que está en mora con algunas de ellas”, como lo son lograr el levantamiento de las inhabilitaciones a ciudadanos y organizaciones políticas, permitir que haya una verdadera observación electoral nacional e internacional, y evitar el ventajismo y uso de recursos públicos en la campaña electoral.
Entre las irregularidades y omisiones identificadas están:
Ejecutó la “Notificación y Capacitación de los seleccionados para integrar las Juntas Regionales y Municipales” y la “Instalación de las Juntas Regionales y Municipales” en un mismo lapso, del 10 al 31 de julio. Esto quiere decir que incluyó tres actividades diferentes que según lo establecido en la LOPRE y el Reglamento General de la LOPRE (RGLOPRE) debieron ocurrir de forma separadas.
Estableció el día 19 de julio como inicio del lapso de “Funcionamiento de Juntas Electorales Regionales y Municipales”, que está dentro del lapso de las dos actividades previas de notificación, capacitación e instalación, solapando estas actividades, haciendo imposible su cumplimiento simultáneo de manera eficiente.
No incluyó en el cronograma las actividades referidas al derecho de los electores a la Excepción e Impugnación de aquellos que consideren no deben integrar las Juntas y Mesas Electorales.
No ha publicado en la Gaceta Electoral los electores seleccionados el 7 de julio como integrantes de las Juntas y Mesas Electorales, como lo exigen artículos 99 de la LOPRE y 53 del RGLOPRE. Esta situación atenta contra el derecho a la Excepción e Impugnación.
No ha informado quiénes son los nuevos electores que los sustituyeron a los seleccionados, para evitar la opacidad y desconfianza de que las mismas sean controladas por militantes de partidos políticos, lo cual transgrediría lo establecido en el artículo 294 de la Constitución de la República.
Realizó una Jornada Especial de Inscripción y Actualización del Registro Electoral (RE), que no respondió a los requerimientos, por considerar que la habilitación de 783 Puntos y 1.000 máquinas fue insuficiente para cumplir en el lapso de 45 días continuos con la meta de inscribir y actualizar a más de 5 millones de ciudadanos; además de que su distribución no estaba acorde con la densidad poblacional y era sesgada en algunos estados y municipios en favor de la parcialidad política que está en el gobierno nacional.
Afectó derechos de electores al haber reducido los lapsos legales para la Admisión o rechazo de la incorporación e impugnación en el Registro Electoral Preliminar, y Promoción de pruebas contra el RE Preliminar.
Dificultó el ejercicio del derecho a ser elegido en la Conformación de Grupos de Electores por lapsos cortos, y el de Participación por Iniciativa Propia porque lo inició sin haber publicado antes las nuevas circunscripciones estadales y municipales.
Con información de Monitoreamos
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