Cerca de 700 militares, se desplegaron en los últimos días en la población minera de Tumeremo (sur, fronterizo con Brasil) en un operativo que incluye detenciones de civiles y destrucción de campos ilegales de extracción de riquezas, según un reporte publicado este miércoles por la ONG Provea.
EFE
Se trata de una «incursión militar» en el estado Bolívar que empezó la última semana de octubre y mediante la cual, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «desmantela campos mineros y detiene a personas cuyos paraderos se desconocen», dice el texto de la organización no gubernamental publicado en su página web.
El reporte, que cita a pobladores, asegura que la FANB «está desplegada en la selva (de esa región) desde mediados de agosto» con el propósito de «erradicar la minería ilegal, limpiar el territorio de grupos irregulares y recuperar áreas naturales protegidas que no pertenecen al Arco Minero del Orinoco (AMO)».
Medios de comunicación de Bolívar han reseñado en la última semana varias protestas de los lugareños contra esta militarización, en las que los manifestantes denuncian el desalojo irregular de mineros, así como detenciones arbitrarias, hechos a los que no se ha referido la Fiscalía ni el resto de autoridades.
Provea recuerda que a mediados de octubre se registró un primer operativo militar en una reserva forestal de ese estado, en el que destruyeron campamentos mineros y «arrestaron a, al menos, 11 personas supuestamente armadas, de las cuales se desconoce paradero y condición física actual».
En los últimos días, prosiguió la ONG, la incursión militar ha incluido el sobrevuelo de aviones de combate, así como el tránsito de tanques y armas de guerra por las calles de la localidad que, en 2016, registró una masacre de 17 mineros, supuestamente por parte de grupos irregulares.
«Con la militarización también llegó el miedo y la incertidumbre, comerciantes bajaron sus santamarías (cierres) y pobladores salieron a protestar para exigir a la FANB el cese de las detenciones, los allanamientos y la destrucción de equipos de trabajo de los mineros», añadió.
El AMO, cuyos límites fueron fijados en 2016 por el Gobierno, es una zona rica en oro y otros minerales en la que grupos criminales controlan una parte y el Ejecutivo, con ayuda de cientos de militares, explota la mayoría del terreno.
https://twitter.com/_Provea/status/1587888144224960512
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