Desde que en 2016 el régimen de Nicolás Maduro tomó la planta ubicada en Maracay, los 700 trabajadores que aún quedan, exigen el cese al acoso laboral y sueldos dignos. Actualmente, apenas empleados y obreros devengan entre 3 y 10 Bs a la semana. Un inversionista privado de nacionalidad brasileña, es quien está al frente de la otrora corporación estadounidense.
«Nosotros queremos producir, pero también llevar el sustento a nuestros hogares y con estos salarios es imposible». Así lo hacen saber los trabajadores de la empresa Kimberly-Clark, ubicada en Maracay, quienes piden de la empresa y de su junta administradora una relación laboral justa, respeto a la convención colectiva, a las leyes del trabajo y transparencia administrativa.
Además- explica Jorge Fuentes, vocero de los trabajadores- hay mucho acoso laboral. El amedrentamiento llega al punto en que muchos trabajadores temen ser parte de los reclamos, debido a posibles represalias.
Los 700 trabajadores con los que aún cuenta está empresa estadounidense también exigen salarios dignos. La nómina la integran, en su mayoría, operarios que se mantuvieron en la compañía, que el 11 de julio de 2016 cerró sus operaciones en Venezuela por problemas con la producción y la escasez de materia prima para la elaboración de productos de higiene, .
De mano en mano
Los sueldos en Kimberly-Clark oscilan entre los 3 y 10 Bs semanales y unos bonos fijos que van desde los 75 a los 120 Bs para un ayudante de máquina u operador de máquina, respectivamente.
Los trabajadores de Kimberly-Clark explican que la empresa otorga unos bonos de 10 y 15$ que son condicionados. Es decir, solo se pagan si el operario cumple con la meta de producción.
Casi nunca los percibimos completos, porque las máquinas no están en condición óptima para la producción requerida. Además, no puedes faltar ningún día así lo justifiques porque igual no lo pagan», aseguran.
La empresa alega que no hay dinero para cancelar buenos sueldos, pero los trabajadores se preguntan hacia dónde se va lo que se obtiene por la producción. A la fecha, Kimberly-Clark solo produce papel sanitario en un 60%, un aproximado de 50 a 60 paletas por día, a razón de 7 y 8 $ cada bulto de papel, según estimaciones de los trabajadores.
La junta administradora acaba de anunciar un aumento en las bonificaciones, pero solo para los operadores y líderes de máquina, que entraría en vigencia a partir del 10 de marzo y sin ninguna incidencia en las prestaciones sociales o vacaciones.
Tarea insegura
Otro de los reclamos de los trabajadores, es la inseguridad y amedrentamiento laboral en la que dicen deben producir.
Ángel Moreno fue enviado a su casa hace dos años. Entre las razones que alega para que la empresa lo haya cesanteado, es por reclamar sus derechos.
Muchos trabajadores fuimos enviados a nuestras casas, percibiendo sólo el salario mínimo, solo por exigirle a la junta administradora controlada por el gobierno, mejores condiciones», asegura.
Señala Moreno, que la situación es persistente desde el mismo momento en que el Estado venezolano tomó el control de la empresa.
Es importante- refiere Moreno- que se realice una inspección de las máquinas, porque no están en óptimas condiciones como se quiere hacer saber. Aquí hay compañeros trabajando en condiciones inseguras, con el temor de que los manden a sus casas
De mano en mano
En 2016, fueron los mismos trabajadores quienes solicitaron la ocupación de la empresa. El gobierno de Nicolás Maduro tomó Kimberly Clark Venezuela y se conformó una junta administradora integrada por una representación del Estado y otra de los trabajadores.
En la primera, estuvo al frente José Gregorio Hernández, ex alcalde de Mariño y ex diputado nacional por el PSUV. Hernández se desempeñó como gerente de operaciones y administración y sus funciones las ejercería con carácter ad hoc sin percibir remuneración alguna por ese concepto.
Entre sus logros, destaca el cambio del nombre de la empresa, que pasó a llamarse «Cacique Maracay». Más allá del anuncio, esa denominación nunca quedó registrada en la Gaceta Oficial.
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