Es un horror decir que Maduro recibe una llamada y el jefe de inteligencia le cuenta las torturas, afirmó Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla, «y él dice ‘adelante, sigan con las torturas y la represión’. Esto es un horror»
Nuevas formas de tortura, celdas y centros clandestinos fueron los hallazgos del Instituto Casla reflejados en su informe 2021 sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los torturadores, principalmente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), trabajan con una particularidad: con la anuencia y el permiso expreso del gobernante Nicolás Maduro.
«Los torturadores tienen licencia para torturar directamente de Maduro», aseveró este viernes 11 la abogada Tamara Suju, presidenta del Instituto Casla. Esta «línea directa» entre el gobernante y subdirectores y directores del Sebin y la Dgcim fue ratificada a través de testimonios de militares y oficiales de inteligencia activos y retirados, además de funcionarios públicos.
En el informe del Instituto Casla, las víctimas identificaron recurrentemente como principales torturadores al coronel (Ej) Rafael Franco Quintero, al teniente coronel Alexander Granko Arteaga, al capitán Néstor Blanco Hurtado, el capitán de fragata Abel Angola; al comisario José Miguel Domínguez, director de las FAES; además de los capitanes Jonathan Becerra y Jesús Cárdenas, y el primer teniente (GN) Moisés Méndez Calderón.
Además señalaron a Franco Quintero, al coronel Hannover Guerrero, Abel Angola, y los fiscales del Ministerio Público Farik Mora y Dinorah Bustamente como encargados de fabricar expedientes.
Al teniente coronel Granko Arteaga, según informaciones de un exoficial de inteligencia, se le identifica como creador de una marca corporativa -con colores de la Dgcim- que incluye productos derivados del ron y chocolate, e incluso reparte anillos con una marca particular a sus subalternos para identificarse entre ellos.
Este mismo funcionario también sería el encargado de llevar a los cuerpos élite de la Dgcim a un centro clandestino de tortura cerca del embalse La Mariposa (estado Miranda) para ser entrenados en torturas y manejo de nuevas armas. En un vídeo presentado por Suju, se ven a funcionarios con camisas de «comando» y «operaciones especiales» entrenado con diversas armas.
Otra de las cuestiones que revela la abogada es que, una vez al mes o dependiendo de las circunstancias, entre los años 2017 y 20202 se reunieron en las oficinas de la Dgcim en Boleíta (Caracas) los directores de la Dgcim; el presidente del TSJ, Maikel Moreno; el fiscal general Tarek William Saab; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el director de FAES, del Sebin y otros actores «necesarios» para hacer seguimiento a informaciones de inteligencia, situación país, de presos políticos, malestar social y forjamiento de expedientes.
«El Ministerio Público mantiene una oficina en dicho organismo (Dgcim), donde además han presenciado torturas. No hay forma de que Tarek William Saab pueda disimular su implicación en crímenes de lesa humanidad», afirmó Tamara Suju.
Maduro y las cadenas de mando activas
Si todo pasa por Nicolás Maduro, las comunicaciones entre los funcionarios subordinados se pueden saltar un paso. Según lo dicho por Tamara Suju durante la presentación de su informe, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), tanto el ministro Padrino López como el director de la Dgcim, Iván Hernández Dala, le ofrecen información al gobernante.
Pero Hernández Dala, quien además es jefe de la guardia de honor presidencial, le «puede responder directamente al Presidente» sin que el ministro de Defensa tenga que autorizarlo. «Los dos cargos que ostenta actualmente le responden a Nicolás Maduro y además le dan la seguridad que necesita», dijo la abogada.
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