Activistas y periodistas en 42 países ha sufrido represalias por colaborar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así lo informó la instancia multilateral a través de un informe presentado por la secretaría general el jueves 29 de septiembre. El estudio evidenció que las personas son víctimas de vigilancia en línea y ciberataques.
«Los defensores de los derechos humanos, las personas que sufrieron violaciones de las garantías fundamentales y los periodistas fueron los principales afectados por los actos intimidatorios de Estados y agentes no estatales. Entre las situaciones que tuvieron que afrontar se encuentran la aplicación de leyes restrictivas, la detención y los actos de vigilancia tanto en línea como fuera de ella», apuntó la ONU.
De acuerdo a una nota de prensa publicada en su portal web todos los casos incluidos en el informe se produjeron entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y afectaron a personas y grupos que cooperaron con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas o utilizaron los procedimientos de la ONU para intercambiar información y testimonios, y solicitar reparación por violaciones y abusos contra los derechos humanos.
«A pesar de los avances, incluidas las promesas y los compromisos compartidos por los Estados miembros contra las represalias, este informe muestra una vez más hasta qué punto se persigue a las personas por plantear problemas de derechos humanos ante la ONU. Y sabemos que, por impactante que sea esta cifra, muchos casos de represalias ni siquiera se denuncian», afirmó la subsecretaria general de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris.
El informe destaca que las denuncias de vigilancia de personas y grupos que cooperan con la ONU se produjeron en todas las regiones del mundo. Resaltó que hubo naciones en las que se incluyó al patrón el uso de legislación restrictiva que impide y castiga la cooperación con la ONU.
Sobre Venezuela, la ONU apuntó que varios agentes de las Naciones Unidas se ocuparon de las restricciones inadecuadas, el acoso y el desprestigio público de agentes de la sociedad civil que impiden su participación con el organismo.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de procedimientos especiales siguieron planteando su preocupación por la legislación que obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales se enfrentan a procesos penales relacionados con su trabajo, incluidos los relacionados con la aplicación de los programas humanitarios de las Naciones Unidas
Los titulares de mandatos de procedimientos especiales abordaron las denuncias de amenazas y acoso contra Theresly Malavé Wadskier tras la publicación y presentación del informe de la Misión de Investigación Independiente sobre la República Bolivariana de Venezuela.
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