Señala la ONG que se trata de un un crimen ambiental, que afecta ejemplares que requieren tiempo para lograr su máximo crecimiento y desarrollo, en beneficio de organizaciones criminales como las FARC, el ELN o las FBL que ponen en riesgo la naturaleza y las comunidades cercanas.
Francisco Figuera | El Carabobeño
En el estado Apure, y ante la Defensoría del Pueblo, Fundaredes denunció de manera formal que aproximadamente 200 árboles de la especie samán han terminado destrozados para financiar a los grupos armados irregulares que operan en la entidad llanera, y para generar los terrenos donde se construyen pistas clandestinas para sus actividades criminales.
Una nota de prensa emitida por la ONG destaca que Juan García, coordinador estatal en Apure, señaló que en el municipio Achaguas existe una grave deforestación de árboles cuya madera se comercializa para obtener recursos económicos para los grupos armados irregulares, de lo que aseguró que las autoridades tienen información.
“Los cortes de madera se vienen haciendo de manera abierta, la cual se trasladada a diferentes estados del país, atravesando varias alcabalas y puntos de control de diversos organismos de seguridad del Estado sin ningún tipo de restricciones”, dijo.
Actividad prohibida
Señaló que los cortes de madera de samán están prohibidos en Venezuela desde hace muchos años, solo otorgándose cortes y aprovechamiento de algunos árboles en casos especiales, sin embargo, esta práctica se ha convertido en algo común, generalmente para los grupos terroristas que operan en la zona.
El coordinador de Fundaredes indicó que esta actuación constituye un crimen ambiental, ya que estos ejemplares tienen características particulares como el tiempo para lograr su máximo crecimiento, además de los beneficios que le brinda a los ecosistemas en las aéreas donde se encuentran.
“Las organizaciones criminales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) operan en estas tierras poniendo en riesgo el ambiente y las comunidades cercanas. Las autoridades del Ministerio de Ambiente y del Ministerio Público no toman acciones inmediatas, aunque este delito tiene atribuciones para privar de libertad en flagrancia”, indicó García.
Expresó que esta situación causa daños irreparables al ambiente y a las comunidades establecidas en regiones cercanas, que no solo padecen por los daños que se hacen a la naturaleza sino que también deben vincularse con los grupos irregulares que operan en la zona.
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
