Un año incomunicados tienen los militares presos políticos que están en las cárceles de Ramo Verde en Los Teques, Miranda, en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, Táchira y en el Internado Judicial de Monagas (La Pica). Así lo informó Lilia Camejo, directora ejecutiva de Justicia Venezolana, ONG de Derechos Humanos (DD.HH) que contabiliza 140 militares presos políticos en el país, 35 se encuentran en grave estado de salud.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
«Las visitas fueron suspendidas en marzo de 2020 a inicio de pandemia, sólo a mediados de octubre fue que se reanudaron en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta Caracas, pero los presos que están en La Pica, Santa Ana y Ramo Verde no han tenido contacto con sus familiares, sólo han tenido asistencia jurídica», expresó. Comentó que esto está causando daños psicológicos a los privados y a sus hijos pequeños por la separación con sus padres.
Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), indicó que las violaciones de DD.HH en el último año contra presos políticos han sido dantescas, sostiene que el hecho que un privado no tenga contacto con sus familiares representa que pasa hambre por días enteros. «En cualquier cárcel venezolana los presos dependen de que un familiar vaya y les lleve comida, medicamentos y agua potable. Hay sitios de reclusión que sólo permiten cinco litros de agua por privado, cantidad con la que se tienen que bañar, lavar su ropa, beber y les toca rendirla por una semana», denunció.
Sostiene que los presos políticos y en plena pandemia han estado desamparados. Está ONG registra 320 presos políticos en el país hasta febrero de 2021, de los cuales 148 son civiles y 172 funcionarios de la Fuerza Armada, es decir el 48% de los casos que manejan son militares. «En el caso de los militares presos por razones meramente políticas les suele imputar el famoso delito de traición a la patria y se evidencia un nivel de saña contra ellos e incluso contra su familia. Hay familiares que han tenido que salir del país por persecución, porque para el Estado no basta con la detención de una persona sino también amenazan a su familia entera. Les allanan sus casas sin orden judicial. Conocemos del caso de esposas que han sido amenazadas y de madres maltratadas», indicó.
El 10 de marzo, Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos que investiga a Venezuela, informó que desde septiembre de 2020 cuando presentaron el primer informe sobre violaciones cometidas a gran escala que constituyen crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias en el país han aumentado.
«Hay más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre. La Misión ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio», expresó en la sesión del Consejo de DDHH de la ONU.
Serie de faltas
Para las ONG’s la primera gran violación de DD.HH que se comete en Venezuela es que existan presos políticos. «En un país donde hay presos políticos hay una ruptura del Estado de derecho y de la democracia», apuntó Martha Tineo coordinadora de JEP.
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