Fueron elegidos para ocupar un escaño pero hoy languidecen en celdas. Cinco diputados venezolanos, contrarios al Gobierno de Nicolás Maduro, suman entre todos más de 1.250 días en prisión y son la punta del iceberg en toda la historia de agresión, persecución y fusilamiento político contra legisladores en el país.
Aunque la Constitución les otorga inmunidad desde el día en que ganan la elección, la Justicia venezolana y el chavismo han empleado diferentes mecanismos para apresar y anular políticamente a decenas de parlamentarios desde que la oposición se hizo con el control de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en enero de 2016.
Cinco diputados están hoy privados de libertad pero la lista de hostigamiento es mucho más extensa e incluye a otros cuatro que estuvieron presos antes, una decena más sobre quienes pesan órdenes de captura, una veintena que se encuentra en exilio forzado y casi un centenar de agredidos físicamente.
De los 112 legisladores que el antichavismo consiguió en las elecciones de 2015, ninguno ha salido ileso y cerca de 30 han perdido la inmunidad por decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado solo por oficialistas y que no es reconocido por buena parte de la comunidad internacional.
REQUESENS, EL MEDIÁTICO
Juan Requesens, de 31 años, es el legislador que lleva más tiempo en prisión. Se encuentra recluido en Caracas, en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el mismo cuerpo que lo detuvo el 7 de agosto de 2018 sin orden de captura e irrespetando su inmunidad parlamentaria, que fue levantada al día siguiente por la ANC.
Desde entonces, el joven ha sido el rostro de los considerados presos políticos en el país. Naciones Unidas y otras instancias internacionales han pedido su excarcelación, la que no ha podido concretarse debido a una acusación según la cual Requesens formó parte del fallido atentado que sufrió Maduro el 4 de agosto de 2018.
Su abogado, Joel García, dijo a Efe que el diputado “no ha podido defenderse” en ninguna etapa del proceso judicial, ni siquiera durante el juicio que comenzó formalmente en noviembre de 2019 y que está suspendido desde marzo debido a la pandemia por COVID-19.
“Eso no es un juicio, es un fusilamiento”, subrayó el jurista al explicar que su cliente ha sido torturado, como cuando el Gobierno difundió un vídeo que lo mostraba lleno de su propio excremento “bajo efectos de una droga” que le suprimía la voluntad al diputado.
Requesens, que lideró el movimiento estudiantil, ahora habla con su familia por teléfono una vez por semana, casi la misma frecuencia con la que le permiten salir a tomar el sol y respirar aire libre dentro del recinto carcelario.
LOS REINCIDENTES
Renzo Prieto y Gilber Caro, ambos diputados, han sido encarcelados, excarcelados y vueltos a encarcelar durante el Gobierno de Nicolás Maduro.
El primero pasó cuatro años detenido hasta 2018 y volvió a la cárcel el 10 de marzo de este año. Tres días después sus familiares y abogados perdieron la comunicación con él y desde entonces, por algunos intermediarios, se han enterado de que el legislador “está durmiendo en el suelo” de un calabozo caraqueño.
Caro, en cambio, cumple su cuarta estancia en prisión, aunque la primera vez fue por motivos ajenos a la política y antes de convertirse en diputado. Las otras tres aprehensiones se produjeron entre 2017 y 2019 cuando, pese a ser legislador, ha estado en situación de “desaparición forzada” durante semanas.
“No se conoce (formalmente) el sitio de reclusión (de Caro) ni los delitos que se le imputan. Se le ha impedido su derecho a un abogado de confianza, al imponerle un defensor público por parte del tribunal ordinario”, dice un informe de la AN.
Las defensas de ambos casos han denunciado torturas aplicadas por las autoridades.
LOS MENOS NOMBRADOS
Antonio Geara e Ismael León también acumulan meses privados de libertad pese a que la Constitución les confiere inmunidad. Ninguno de ellos ocupa en los medios de comunicación ni en el discurso de la oposición el mismo espacio que Requesens, Prieto o Caro.
León se encuentra bajo arresto domiciliario desde enero y hasta ahora la defensa sigue sin acceso al expediente del caso, o así lo explicó a Efe su abogada defensora, Ana Leonor Acosta.
La jurista, que también defiende a Prieto, considera estas detenciones un “atropello”, al tiempo que recrimina que la Justicia “fabrique expedientes” contra legisladores que son críticos con la llamada revolución bolivariana.
Mientras tanto, Geara fue detenido en marzo, dos meses después de ser “brutalmente agredido” por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), una situación que lo obligó a operarse por lesiones en las rodillas, según explica la Cámara en su registro de “atropellos” contra diputados.
“Él perdió esa operación”, dijo a Efe su hermano, José Geara, quien denunció que el legislador está teniendo problemas psicológicos a raíz del encierro y le han impedido que reciba terapias para la recuperación de su cirugía.
NUEVOS DIPUTADOS
Uno de cada cinco diputados ha sido procesado judicialmente en Venezuela en los últimos cinco años. Con esa estadística, se prepara una nueva elección de legisladores para el 6 de diciembre y, aunque el riesgo que conllevan los escaños es innegable, cerca de 90 organizaciones políticas planean postular candidatos.
Si bien los principales partidos del antichavismo han dicho que no participarán en la contienda por considerarla una farsa, los opositores que finalmente sí resulten elegidos comenzarán sus períodos con más probabilidades de ser golpeados que de promover una nueva legislación.
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