A las 6:30 de la tarde del viernes 7 de junio de 2019 fue el último contacto. En Puerto Agüide, municipio Piritú del estado, Falcón en la costa nor-occidental de Venezuela, 32 pasajeros y 3 tripulantes abordaron un peñero “trompa de ballena” con dos motores fuera de borda, para hacer el recorrido de 85 millas náuticas e ingresar ilegalmente a la vecina Curazao. Huyendo de la crisis venezolana, cada uno de pasajeros habría reunido hasta 400$ para garantizarse un puesto en la embarcación que los conduciría hacía lo que creyeron un mejor destino.
“Nuestros familiares tomaron la mala decisión de irse a Curazao, había 10 mujeres en la embarcación y 3 adolescentes de 14, 16, y 17 años de edad”, recuerdan los familiares de los pasajeros del peñero, cuyo nombre y matricula aún no están del todo claros.
Pasadas varias horas desde el zarpe, no se tuvo noticia alguna del paradero de los pasajeros y tripulantes de la nave. Dos días después, el domingo 9 de junio, varios familiares de los desaparecidos acudieron a la Capitanía de Puerto de la Vela de Coro, para reportar la desaparición del peñero y solicitar el inicio de las labores de búsqueda y rescate ante un posible naufragio. Pero pasarían dos días más sin que se produjese ninguna respuesta de parte de las autoridades, y fue apenas el 11 de junio cuando comenzaron oficialmente las actividades para dar con la embarcación pérdida en las aguas del Caribe. Las labores de búsqueda se activaron entre Puerto Cumarebo y Punta Agüide, Adicora, Cabo San Román y entre Cararapa y Supi. Los pescadores de la zona prestaron apoyo a las autoridades.
Un año después de estos hechos, 34 personas que iban a bordo del bote continúan desaparecidas. Pese a que el incidente fue calificado inicialmente como naufragio, hasta ahora solo se ha encontrado el cuerpo Elio Ramones (45), uno de los pasajeros del peñero, que fue hallado muerto por las autoridades de Curazao el domingo 12 de junio en la zona de Bullenbaai (Bahía de Bullen), al sur de la isla.
Quince de las 34 personas que siguen desaparecidas son: Jhonny de Jesús Romero Palacios (26); Jackson Gómez (17); Angel Rafael Urbina (20); Antony José Pérez Vallenilla (19); Thais López (36); Jean Carlos Valera; Marianni Chirinos (18); Alber Ventura (16); Rosmery Rodríguez (19); Ordalys Borges (25); Marleny Borges; Elio José Blanco Cáceres; David José Blanco Cáceres; Geraldine de los Ángeles Romero y Carlos Romero.
Los familiares de los desaparecidos informaron recientemente a Provea que el Ministerio Púbico y los Tribunales tampoco han actuado diligentemente para investigar los hechos y determinar responsabilidades. Añaden que los tripulantes de la embarcación y miembros de cuerpos de seguridad de la región, estarían involucrados en delitos relacionados con el tráfico de personas. “Hasta ahora hay dos personas detenidas conocidas como los hermanos “Picapiedras” por su supuesta vinculación en los hechos, pero ha habido 8 diferimientos para celebrar la audiencia preliminar y una increíble incompetencia por parte de los fiscales del Ministerio Público. Entre los delitos está la Trata de Personas, sin embargo, la investigación continúa ya que estas personas fueron agarradas al inicio del caso gracias a insumos e indicios que proporcionamos los familiares de los desaparecidos a las autoridades, pero tampoco sabemos las diligencias de rastreo y búsqueda de nuestros parientes”.
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