Una junta que supervisa los activos de Venezuela en el extranjero dijo que planea presentar una apelación a la decisión de un tribunal estadounidense que otorga a cuatro empresas el derecho a apoderarse de acciones en una de las empresas matrices de la refinería estadounidense Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela.
Un tribunal de EE.UU. se está preparando para una subasta de acciones de PDV Holding, registrada en Delaware, para satisfacer un reclamo de $ 970 millones de la minera canadiense Crystallex derivado de una expropiación de sus activos venezolanos. Otras empresas han tratado de adjuntar sus propios juicios al caso, lo que ha dado lugar a una disputa esta semana entre los abogados sobre la prioridad.
La decisión de un juez de los EE.UU. en Delaware de aprobar los archivos adjuntos depende de la luz verde del Departamento del Tesoro de los EE.UU.
O-I Glass Inc (OI.N), Huntington Ingalls Industries Inc (HII.N), ACL1 Investments Ltd y Rusoro Mining Ltd (RML.V) recibieron la bendición del tribunal después de demostrar que la petrolera estatal PDVSA era el «alter ego» del gobierno de Venezuela en batallas de activos.
Una junta ad hoc creada por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2019 para supervisar las filiales extranjeras de PDVSA, especialmente Citgo Petroleum, con sede en Houston, se opondrá a cualquier subasta condicionada, dijo a Reuters el presidente de la junta, Horacio Medina.
Los abogados que representan a Crystallex y al productor de petróleo estadounidense ConocoPhillips <COP.N>, que han estado luchando durante años para recuperar miles de millones de dólares en activos expropiados, se quejaron el jueves de que los derechos otorgados a acreedores adicionales podrían complicar cualquier venta.
«Es posible que debamos pensar en cómo clasificará el tribunal lo que ahora se está convirtiendo en una cantidad muy significativa de reclamos muy sustanciales», dijo Amy Wolf, abogada que representa a ConocoPhillips.
Incluso sin la luz verde del Tesoro de EE.UU., que ha protegido a Citgo de los acreedores en los últimos años, el juez Leonard Stark fijó un calendario para una eventual subasta y le pidió al banquero de inversión Evercore Group que comience a trabajar en una licitación.
Stark rechazó esta semana una moción de los abogados que representan a Venezuela para descalificar a la persona designada para administrar la posible subasta y dijo que espera escuchar antes del 7 de abril si el Tesoro de los Estados Unidos permitiría una transferencia de acciones.
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