Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, condicionó este lunes el diálogo con la oposición a la suspensión de la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
“Pedimos que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados unidos, o a través de la Corte Penal Internacional, se detengan porque afectan directamente a nuestros líderes más importantes”, dijo Rodríguez en el programa Maduro+
Rodríguez dijo además que se tienen que levantar todas las sanciones impuestas a Venezuela para que se pueda fomentar en el diálogo entre venezolanos y avanzar en el panorama político, social, electoral, transcurra dentro de condiciones de normalidad.
El presidente de la Asamblea Nacional de Maduro a también pidió que se devuelva el dinero y el oro venezolano que está “ilegalmente” retenido en el extranjero. Además, pidió la liberación del criminal Alex Saab, a quien se refirió como diplomático.
El pasado viernes, la CPI informó que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A través de un informe, el tribunal de justicia indicó que, tras la solicitud del Fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela, se ordenó el pasado 18 de noviembre a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría que recabara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la solicitud de la Fiscalía.
La CPI detalló que, tras la “amplia participación de las víctimas” en este proceso de consulta, la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.
El informe de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.
Y subrayaron: “La gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’”.
Asimismo, la VPRS recibió observaciones de víctimas de todos los crímenes de lesa humanidad, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.
“Los jueces de la CPI recibieron las opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, así como tutores y cuidadores”, resalta el escrito; al tiempo que agrega: “Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”.
Con información de Infobae
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