El abogado defensor de DDHH Rafael Narváez afirmó que el informe elaborado por la Comisión General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es contundente al calificar los abusos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado como delitos de lesa humanidad y señalar la responsabilidad del Presidente y dos de sus ministros en la comisión de los mismos, por lo que, una vez consignado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debe ser motivo más que suficiente para que se inicie el proceso de investigación contra estos funcionarios.
“Desde 2018, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, inició un examen preliminar sobre la situación de DDHH en Venezuela. En varias ocasiones ella ha sido objeto de críticas por la supuesta lentitud del proceso, a lo que ha respondido que requiere recabar suficiente información; ahora, con el amplio informe entregado por la Comisión General de la ONU, ya no puede seguir dilatando el proceso de iniciar una investigación sobre la violación de los derechos fundamentales en Venezuela”, expresó Rafael Narváez.
El profesional del derecho, quien es director de la ONG Derechos Civiles, recordó que el gobierno venezolano autorizó la actuación de la Comisión General de DDHH de la ONU, y resaltó que, además, el Estado venezolano es signatario del Estatuto de Roma, base legal de actuación de la CPI.
“Lo más grave y trascendente del informe de la comisión es que califica de crímenes de lesa humanidad los que se cometen en Venezuela, como la desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la violencia sexual contra las mujeres privadas de libertad”, señaló Rafael Narváez.
Recordó que el Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU, bajo la resolución 42/25 del 27 de, septiembre 2019, estableció una misión independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para investigar la situación en Venezuela y las presuntas violaciones de DDHH cometidas desde 2014 y que la misión hizo público este 16 de septiembre el informe del que resalta viene a ser algo histórico y muy diferente a los anteriores emanados del sistema ínter americano y los dos últimos de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet.
Indicó Rafael Narváez, que los informes de Bachelet sólo señalaron las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado venezolano, pero que en el informe de la misión de determinación se señalan quiénes son los responsables.
En opinión del abogado, las actuaciones de la Organización para la Liberación del Pueblo (OLP) que pueden ser investigadas por la Corte Penal Internacional.
Detalló que el Estado venezolano suscribió y ratificó el siete de junio del año 2000 el estatuto de Roma, instrumento y soporte jurídico de la CPI, algo que ratificó el gobierno el 1° de agosto de 2002, y que por lo tanto la Corte penal internacional tiene competencia para ejercer jurisdicción sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometan en el territorio nacional establecidos en el artículo 7 de dicho instrumento.
Destacó finalmente que, ante la CPI, ni los altos funcionarios del gobierno como los altos rangos militares gozan de privilegios, por lo que, de ser encontrados culpables no podrán escapar a la justicia debido a que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Nota de prensa
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