10 años de persecución contra Rubén González. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco (Sintraferrominera) ha estado en los últimos 10 años 23 meses encarcelado.
La primera vez ocurrió cuando fue juzgado en el año 2009. En un juicio que duró cinco años, estuvo 14 meses en la cárcel. Aunque lo condenaron a siete años de prisión, en 2010 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la nulidad de esa decisión y fue absuelto.
En ese entonces lo acusaron de liderar una huelga general. Pero 10 años después, un tribunal militar lo condenó por ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional, dos delitos castrenses. Las razones son las mismas que hace una década: estar al frente de la defensa de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco, aunque ahora después de que el chavismo gobernante desconoció las contrataciones colectivas de las empresas del Estado, desde el mes de agosto pasado.
Marino Alvarado, quien es miembro fundador de Provea, aseguró que González “es un preso que ha sido perseguido durante más de 10 años por defender derechos laborales”. Al dirigente le cobran además haberse distanciado del chavismo, que lo apoyó en 2005 y fue electo concejal.
Sin embargo, al enfrentarse a los militares que dirigieron las empresas básicas de Guayana con Hugo Chávez como presidente y después con Nicolás Maduro, sobre él siempre estuvo la persecución y hostigamiento por su defensa de los trabajadores.
“En esta oportunidad se procesa entre otras cosas porque desde hace tiempo el Gobierno (Nicolás Maduro) quería sacarlo de Ferrominera. Su liderazgo es muy sólido, como no habían podido derrotarlo electoralmente buscaron encarcelarlo para sacarlo por esa vía”, dijo el activista y defensor de derechos humanos.
Alvarado recordó que no solo González ha sido juzgado por tribunales militares. En el año 2012, cinco sindicalistas de la construcción en el estado Táchira también fueron encarcelados y juzgados, por protestar contra una empresa militar del Estado para la que laboraban. Como González fueron enviados al Centro Penitenciario de Oriente en Maturín (Monagas). Por ello el representante de Ferrominera es el sexto trabajador que es sometido vía la justicia militar por el chavismo.
Violentan derechos
Además de violar el derecho de una persona a ser juzgado por sus jueces naturales, tampoco se respetó el debido proceso porque estuvo privado de libertad. Y a la espera de que pueda ser excarcelado, al condenarlo a una pena menor de 8 años, se violentaría el Código Penal.
Alvarado recordó que desde noviembre de 2018 hasta la fecha, 13 sindicalistas han sido encarcelados por Maduro y las autoridades militares y civiles que responden a su mando. “Esto da una idea de cómo la represión política está abarcando el mundo sindical. Todos tienen procesos abiertos, están en régimen de presentación. Son trabajadores de Alcasa y Ferrominera. Estuvieron detenidos como tres meses”, recordó.
Desconocen libertad sindical
El abogado laboral y director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, dijo que en la condena de González está metida la mano de los militares, quienes lo apresaron, privaron de libertad y finalmente juzgaron.
No entiende cómo le imputan ultraje al centinela y a la Fuerza Armada, a una persona de edad avanzada. “La mano de los militares ha estado presionando en lo que acaba de ocurrir”, sostuvo.
Arismendi mencionó que ya en 2009 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se pronunció en contra de la anterior condena a González e incluso ordenó que lo indemnizaran por el tiempo que estuvo detenido. Sin embargo, esto último no ocurrió.
En esta ocasión ni siquiera permitieron que lo vieran los miembros de la Comisión de Encuesta de la OIT que estuvo recientemente en el país.
“Una cosa deplorable dentro de las tantas es que el sindicalismo oficial no diga absolutamente nada. No ha dicho nada con respecto a una violación tan flagrante a la libertad sindical. El presunto carácter obrero de quienes están al frente del poder, por el contrario es una pretendida revolución que se ensaña contra cualquier expresión sindical autónoma”.
Calificó que estas acciones son propias de “regímenes totalitarios” que “pretenden atemorizar a los trabajadores, el mensaje es el que proteste lo vamos a castigar”.
Con información de Efecto Cocuyo
