En acatamiento a los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, la Procuraduría Especial de la República, mediante comunicación PER-P-274 del pasado 30 de junio, elevó a la consideración de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el informe de gestión que resume las actividades cumplidas desde el 25 de junio de 2020, fecha de la asunción de funciones del actual titular de esa entidad del Gobierno Interino, hasta el 25 de junio de este año. Entre las actividades de defensa y representación de los derechos e intereses de la Republica, de las empresas del Estado y de los demás entes descentralizados de la Administración Pública en el exterior, reportadas en dicho informe, destacan las siguientes:
- Con un muy pequeño grupo de profesionales del Derecho se han mantenido las tareas relacionadas con el control de los principales juicios y arbitrajes incoados contra el Estado venezolano en el exterior; lo que implica la intervención directa en la fijación y revisión de estrategias legales, así como en la revisión de escritos, demandas, mociones, contestaciones, réplicas, pruebas (discovery), recursos y demás actuaciones procesales, aportando sugerencias, cuestionamientos, corredactando, corrigiendo, o dando aprobación a las actuaciones de las distintas firmas de abogados.
- Aun ante la desventajosa situación derivada de las ilegales e inconstitucionales actuaciones de la dictadura maduro-chavista, por la acción de la Procuraduría se han obtenido indudables logros en los emblemáticos juicios del oro en Londres y en la protección de Citgo, así como decisiones que han permitido alcanzar cuantiosas disminuciones de las acreencias y montos demandados.
- En el Reino Unido, donde se litiga directamente contra la dictadura por el control del oro depositado en el país por aproximadamente dos mil millones de dólares (US2.000.000), se logró en 2020 una decisión favorable de primera instancia, y actualmente se litiga su revisión ante la Corte Suprema de Justicia, donde, incluso, ha intervenido el Gobierno Británico para fijar su posición al respecto. La celebración de la audiencia oral previa a la decisión definitiva está prevista para este mes de julio en curso, por lo que se espera una decisión para este mismo año.
- Con relación a Citgo: a pesar de que desde el año 2018 se decretó el embargo judicial (ejecutivo) de acciones propiedad de PDVSA en la empresa PDVHolding (propietaria de Citgo), bajo la teoría de que PDVSA era utilizada por el régimen de Maduro como alter ego de la República (caso Crystallex); se ha logrado hasta ahora, con la protección del Gobierno de los Estados Unidos y actuaciones judiciales en múltiples instancias, impedir el proceso de venta de las acciones. Actualmente, no obstante haberse ordenado “adelantar” algunas gestiones para esa venta, se tramita una importante apelación sobre el fondo del asunto, que podría en definitiva anular el referido embargo. Con relación al mismo argumento del alter ego, que pretende ejecutar otras obligaciones de la República sobre bienes de PDVSA, se han obtenido recientemente dos importantes decisiones judiciales, conforme a las cuales dicha teoría debe probarse caso por caso y tomando en cuenta las actuales circunstancias, lo que implica la posibilidad de que dicho argumento sea desechado dadas las circunstancias del nuevo gobierno que no se confunde con la administración y operaciones comerciales de PDVSA bajo el control de Maduro; lo que evitaría en el futuro más ataques a Citgo por obligaciones de la República.
- En el mismo sentido, se recuerda que Maduro empeñó las acciones de Citgo para garantizar los denominados Bonos PDVSA 2020, cuya emisión fue rechazada categóricamente por la legítima Asamblea Nacional en el año 2016 y declarada su nulidad expresamente en el año 2019, por lo que se sigue en Nueva York un juicio para que se declare la nulidad de dichos bonos y de la garantía. Nuevamente, con protección del Gobierno de los Estados Unidos, y a través de las acciones ejercidas se ha impedido la ejecución de la prenda y la pérdida automática de las referidas acciones. Actualmente el proceso se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Paralelamente, la protección de Citgo, otorgada por la OFAC, muy probablemente se extienda otros seis (6) meses más después del próximo 21 de julio de 2021.
- Además de estos procesos emblemáticos, se han atendido juicios y arbitrajes por reclamos que superan los cuarenta mil millones de dólares (40.000.000.000 US$), y se han logrado decisiones que efectivamente han disminuido las pretensiones y acreencias, es decir que, el Estado venezolano ya no tendrá que pagar cuantiosas sumas de dinero por virtud de haberse logrado, en casos específicos, disminución del capital adeudado, rebaja de intereses, eliminación o rebaja de honorarios profesionales de abogados y eliminación o rebaja de costos y costas procesales. Estas disminuciones superan los veinte mil millones de dólares (20.000.000.000 US$).
- Se ha precisado, con registros e informes específicos, el estado de cuenta de las deudas y obligaciones económicas derivadas de honorarios profesionales con las firmas de abogados causados desde el propio inicio del gobierno interino y cuyo pago ha comenzado a honrarse ordenadamente. En este contexto, por negociaciones adelantadas por la Procuraduría Especial con las firmas de abogados que nos representan en juicios y arbitrajes, se obtuvo descuentos en los honorarios profesionales adeudados, por más de dos (2) millones de dólares. Además, se elaboró un presupuesto de gastos, caso por caso, hasta el mes de diciembre de 2021, para atender los juicios y arbitrajes actualmente en curso, cuya aprobación está pendiente por parte de la Asamblea Nacional.
- En el juicio (arbitraje) más cuantioso que actualmente enfrenta la República, se han obtenido dos importantes decisiones que han desechado más del 70% de la demanda, y actualmente se verifica un trámite para nulidad ante el CIADI del laudo dictado a favor de Conoco Phillips en el caso Petrozuata (US$ 8.523.000.000,00 + intereses). La decisión definitiva podría producirse en el segundo semestre de 2022.
- Se ha detectado -y se prepara la organización de la defensa correspondiente- la actitud de acreedores, en su mayoría bonistas que han incoado agresivas acciones para procurar la ejecución de sentencias no ya contra PDVSA, sino contra activos de otros entes tales como las cuentas bancarias de la República y el BCV en el exterior.
- Se han atendido audiencias preliminares en juicios incoados contra la República ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, en los cuales amen de destacar la incompetencia funcional de la Procuraduría Especial para actuar en esos juicios, en cuanto juicios internos que son, se ha solicitado la suspensión de esos procesos para que las reclamaciones respectivas sean tramitadas una vez cesada la usurpación e instalados los mecanismos de justicia transicional.
- Se ha realizado una intensa actividad de asesoría y apoyo jurídico legal para la Presidencia Encargada, el Centro de Gobierno, las Juntas Ad-hoc de las empresas del Estado y la Asamblea Nacional, que ha incluido la redacción, opinión o revisión de proyectos de leyes y reglamentos, contratos y dictámenes jurídicos.
- Se ha diseñado un sistema de control interno, con protocolos precisos para el análisis de la racionalidad de las facturas presentadas por las firmas de abogados que han venido representando al Estado venezolano en el extranjero en juicios y arbitrajes para la protección y recuperación de activos públicos, el cual está siendo utilizado para poder llevar el procesamiento de dichas facturas ante la Comisión de Administración del Gasto, para su pago.
- Se está implementando la contratación de firmas de abogados bajo la modalidad de pago de honorarios por resultados, para intervenir en procesos penales contra ciudadanos venezolanos seguidos en cortes de los Estados Unidos por delitos de corrupción, lavado de capitales y delincuencia organizada, a fines de procurar compensaciones en favor del pueblo venezolano, víctima de tales delitos contra el patrimonio público.
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