Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sacaron del aire a la emisora Candela 92.9 FM del municipio San Carlos, en el estado Cojedes, este 1° de julio y se llevaron el transmisor y la consola.
La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Cojedes, Pilar Guerra, explicó a Espacio Público que los funcionarios del ente llegaron a primera hora del viernes 1° de julio a la sede de la emisora, en el sector Barrio Obrero de San Carlos, aunque sin orden de allanamiento.
“En ningún momento quisieron dar declaraciones, se negaron, señalaron que había un procedimiento de rutina para supervisar las instalaciones y verificar la legalidad de la concesión y el uso del espectro radioeléctrico”, dijo Guerra.
La periodista contó que los funcionarios llegaron a lugar con una actitud “bastante hostil” y querían entrar forzosamente a la instalación. A las 4:00 p. m. de ese día llegaron dos fiscales del Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro, con una orden de allanamiento y procedieron a confiscar los equipos, entre ellos el transmisor y la consola de la emisora que en ese momento estaba al aire.
En el procedimiento participaron, además de los funcionarios de Conatel y del Ministerio Público, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) -quienes estuvieron desde más temprano- y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En ese momento, asegura Pilar Guerra, emplazaron al dueño de Candela 92.9 FM, Juan José Sanoja, a entregar los equipos o, de lo contrario, iría detenido “por obstruir la orden”. La representante del CNP en Cojedes dijo que esta es la segunda vez que le confiscan o cierran una emisora a Sanoja.
Las autoridades argumentaron que el cierre se produjo por un presunto “uso ilegal del espectro radioeléctrico”. Con el cierre y la salida del aire, al menos 10 personas se quedaron sin fuentes de empleo.
Sanciones administrativas, prohibiciones oficiales e informales, permisos negados o desactualizados por parte de los entes correspondientes resultan en un desconocimiento del mapa de medios radioeléctricos en el país, del estatus de concesiones y cómo operan los medios.
La opacidad oficial es usada para intimidar, junto con amenazas de suspensión de transmisiones e incautación de equipos, o su ejecución directa cuando determinadas coberturas resultan incómodas al poder; estos procesos no cuentan con garantías judiciales y niegan la posibilidad de defensa en instancias independientes.
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