Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y varias de sus filiales deberán pagar más de 32,1 millones de dólares, adeudados por la adquisición de una flota de 42 remolcadores, en un contrato sobre el cual pesan denuncias por posibles irregularidades administrativas.
En una sentencia publicada en agosto, el juez del tribunal de La Haya Maarten van de Laaschot ordenó a la estatal petrolera, a Bariven y a Pdvsa Operaciones Acuáticas el pago de 21,2 millones de dólares (19,9 millones de euros) por una factura pendiente del contrato de adquisición de la flota de embarcaciones. Igualmente, otros 13 millones de dólares (12,22 millones de euros) debían ser entregados por las extensiones de las garantías de cumplimiento más los intereses comerciales legales, devengados desde el momento en que se formuló el reclamo.
Otras cantidades menores deberán ser pagadas a los abogados venezolanos Bernard Bentata y Tulio Alvarez Ledo, que eventualmente hicieron análisis sobre el reclamo de la empresa Brumby Shipholdings SA, una firma panameña dedicada al negocio marítimo, incorporada en los registros del país centroamericano en enero de 2005. Una empresa homónima fue inscrita en Singapur, donde fueron adquiridas las naves.
Según la web El Pitazo, Brumby Shipholdings SA pertenece a los venezolanos Hidalgo Socorro Urdaneta y Enoc Martínez Carrasquero. Ambos figuran en los directorios de varias sociedades que operan en el país y en el exterior, ligadas al negocio petrolero.
¿Qué firmaron?
El acuerdo de compra entre Brumby y Pdvsa fue firmado el 12 de noviembre de 2010. El precio por los 42 remolcadores fue de 135,82 millones de euros, equivalentes a 144,8 millones de dólares.
Según la documentación consignada en este litigio, el 11 de septiembre de 2011 fueron entregados los últimos 26 remolcadores.
Pero Pdvsa no liberó las fianzas de fiel cumplimiento. Este retraso fue el origen del reclamo, que eventualmente llegó a los tribunales.
En 2019, Brumby logró un embargo preventivo a expensas de Bariven, así como una “tutela” sobre las acciones que la estatal petrolera venezolana posee sobre Propernyn BV, una filial registrada en los Países Bajos a través de la cual Venezuela manejaba sus intereses en diversas instalaciones del exterior, entre ellas las refinerías en el Caribe Neerlandés.
El tribunal dio por válido el argumento según el cual las filiales en el exterior son “responsables solidarias” por las deudas de Pdvsa. Por otra parte, la filial dedicada a las operaciones acuáticas también es responsable, pues “se ha enriquecido injustamente” a través del uso de los remolcadores.
La corrupción como defensa
La adquisición de la flota de remolcadores fue objeto de señalamientos públicos y denuncias judiciales. En febrero de 2019, el entonces diputado opositor Conrado Pérez solicitó una averiguación parlamentaria sobre esta negociación, al obtener evidencias de que los remolcadores presuntamente fueron comprados por Brumby en Singapur y Malasia, por 40 millones de euros, para luego revenderlos a Pdvsa en 150 millones de euros.
Paradójicamente, los abogados de la parte venezolana en La Haya dieron por ciertos los señalamientos en torno al sobreprecio y otras irregularidades. Entregaron el testimonio de un empleado de Bariven (la filial encomendada para ejecutar la compra de los remolcadores) que “aceptó sobornos a cambio de adjudicar contratos”. Pero no se precisa si este fue el caso con las naves que suscitaron el litigio.
También incorporaron las informaciones periodísticas que ligan a los representantes de Brumby en presuntos sobreprecios en la adjudicación del contrato por de la plataforma gasífera Aban Pearl, que costó 250 millones de dólares y se hundió en aguas del estado Sucre en 2010.
Según los apoderados de Bariven, el contrato con Brunby debía ser “nulo por conflicto con el orden público (…) porque se celebró bajo la influencia de la corrupción”.
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