Tras otra masacre cometida por las Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Maduro en la que murió un escolta de Iris Varela, un masivo reclamo desde algunos sectores del oficialismo obligó a actuar a la Justicia.
No habría pasado de ser parte de la estadística la denuncia de Solsiré Zorrilla, esposa de Wilmer Yánez Caraballo, el escolta asesinado, sino intervienen los colectivos.
Han sido muchas las denuncias contra FAES. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó en su informe de julio de 2019 la disolución de las FAES.
Después, en septiembre de 2019, volvió a hacer mención, diciendo que “mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional (FAES), en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, dijo.
Agregó: “Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”.
Bachelet pide el 4 de julio de 2019 la eliminación de FAES. La respuesta que Nicolás Maduro le dio trece días después, el 17 de julio, fue: “Viva el FAES, todo el apoyo al FAES”.
Un ejemplo de esos asesinatos y modus operandi es el que fue publicado el 28 de mayo de 2020, cuando funcionarios de FAES en el estado Lara, se llevaron y asesinaron a Yender Arriechi, hijo del coordinador de la UBCH del Barrio La Victoria en Barquisimeto, Carlos Arrieche, para después presentarlo como un enfrentamiento.
El modus operandi siempre es el mismo. En el caso del escolta del Ministerio Penitenciario no fue la excepción. FAES simuló un enfrentamiento cuando asesinaron a cinco personas en el sector La Cruz de la carretera Caracas-La Guaira: el escolta Wilmer Yánez con dos tiros en la espalda, Arquímedes Ramón Martínez, Andri González, Roger Blanco y Pedro Pablo Salcedo. La Fuerza de Acciones Especiales dijo que pertenecían a una banda llamada Los colectivos del Plan. Los cadáveres los trasladaron al hospital Ricardo Baquero, mejor conocido como Periférico de Catia.
Yildri Hernández, familiar de uno de los muertos, dijo que las patrullas de FAES llegaron a la una de la madrugada al barrio. Empezaron a tocar cada una de las puertas, intentando dar con las viviendas de los cinco hombres.
“Los sacaron uno a uno”, da cuenta Hernández. “Luego los llevaron a una pequeña explanada del barrio donde les dispararon en varias partes del cuerpo. Las detonaciones se oyeron en todo el sector. A nosotros no nos dejaban salir para ver lo que estaba pasando”.
Habitantes del sector dicen que a las tres de la madrugada todo estaba consumado, los funcionarios de Acciones Especiales se fueron dejando pozos de sangre en el lugar. Tres horas después se supo, en el barrio, que los cinco cadáveres estaban en el hospital.
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En un video que publicó el periodista de sucesos Román Camacho, se ve a la esposa de Yánez, Solsiré Zorrilla, narrar que a las 3 de la madrugada del 11 de junio llegaron a su casa los funcionarios de FAES y se llevaron al escolta, además de los teléfonos de ambos, dinero y los cables de los cargadores. Le dijeron que lo trasladarían a la sede de Caricuao. Poco después ella asegura haber oído unos tiros, pero confiesa que jamás pensó que ahí habían matado a Wilmer Yánez.
Relatos como los de Zorrilla los hay a todo lo largo y ancho del país. Coinciden en señalar que los sacan de la madrugada de las casas, roban las cosas de valor que encuentran en la vivienda, luego los matan en el mismo barrio y luego declaran ante los medios que fue un enfrentamiento, que pertenecían a la banda X y que tenían tal o cual alias, a la vez que se limitan a decir que presentaban un extenso prontuario.
¿Qué hace la diferencia esta vez? Que los colectivos se pronunciaron. Y la noche del 11 de junio convocaron al colectivo “Libertador”, a los CUPAZ (Cuadrantes de Paz), colectivos y organizaciones sociales, para presentarse al día siguiente ante la sede central de la Fiscalía General de la República, en compañía de figuras del Partidos Socialista Unido de Venezuela, entre ellas Erika Farías, Iris Varela, Juan Carlos Alemán, Alexander Nebreda, Nahum Fernández y Darío Vivas.
Con el lema “Levantemos nuestra voz de protesta contra la injusticia”, los colectivos de Catia acordaron reunirse inicialmente a las 11 de la mañana en la Jefatura Sucre. Pidieron que los integrantes de los cuadrantes de paz vistieran de negro, los colectivos con su uniforme y las Org Social sin determinar.
“Demostremos que somos más y que tenemos la razón, pidamos justicia y que se respete nuestra labor social, lealtad y compromiso de años”, dijeron en la convocatoria.
Colectivos de otras parroquias o estados cercanos se reunieron en la sede del Colectivo Mao Tsé Tung en el edifico Manfredy del centro de Caracas.
Iris Varela dijo, a través de sus redes sociales: “En medio del dolor e indignación que sentimos por el vil asesinato de cinco personas, entre ellas nuestro amigo Wilmer Yánez, reconocemos la labor oportuna del Ministerio Público canalizando la justicia necesaria para que la actuación aberrante de esos funcionarios no quede impune”.
“Son las armas de la República la que estos elementos utilizan en contra de gente de pueblo y esos son contrarrevolucionarios. Ya está en evidencia que presuntamente personal adscrito a este cuerpo podría estar inmerso en operaciones de exterminio de personas de las fuerzas vivas pagados por sectores de oposición y que ellos, valiéndose de su investidura, cometían todas estas ejecuciones. Que se investigue al FAES, fuerzas de asesinos extorsionadores, silenciosos”.
“Las armas que ellos tienen les han sido entregadas para que protejan al pueblo, no para que los intimide o eliminen. Hay gran cantidad de funcionarios del FAES y PNB en extracción de alimentos y robo posterior, venta de alimentos CLAP, PAE, son los dueños de las comidas del pueblo, en casi todas las escuelas tienen las manos metida”.
El 13 de junio el Fiscal General de la República, nombrado por la Asamblea Constituyente, anunció que los fiscales 49 Nacional y 81 AMC con competencia en Derechos Humanos, solicitaron ante el Tribunal 35 de Control, órdenes de apehensión contra los funcionarios policiales Sandy Bracho, Cleynis Lemus, Juan Rondón, Miguel Arias y Anthony Castellar, por los delitos de homicidio calificado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible contra los ciudadanos Wilmer Yánez, Arquímedes Martínez, Andri González, Roger Blanco y Pedro Salcedo, hechos ocurridos en la carretera vieja Caracas-La Guaira.
Agregó Saab que, a través de las entrevistas de testigos presenciales y referenciales, protocolos de autopsias y múltiples experticias de criminalística de campo, habrían determinado “el exceso y uso desproporcionado de la fuerza en la acción policial que no coinciden con las actas suministradas por las FAES”. Anuncia que dictó las órdenes de aprehensión “en estricto apego a la Constitución y las leyes que garantizan el debido respeto a los derechos humanos en nuestro país”.
Quizá, de no haber ocurrido la presión de los grupos Colectivos de Caracas seguramente el caso de los cinco asesinados pasaría solo a ser parte de la impresionante lista de ajusticiamientos cometidos por la Fuerza de Acciones Especiales en Venezuela.
Esta vez los colectivos demostraron que tienen más poder que ningún otro organismo o institución en Venezuela.
Con información de Infobae
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