Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un nuevo informe sobre la situación de Venezuela. Largo y detallado, el documento registra irregularidades en varios aspectos. Entre ellos destaca el alto número de ejecuciones policiales. Resalta que 1.324 personas habrían muerto violentamente en operativos «de seguridad» policiales y militares.
En el Informe de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con fecha 2 de julio de 2020, se establece que basados en un análisis de información de fuentes abiertas hecho por la misma oficina de Bachelet, «entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad».
A continuación detalla algunos de los casos:
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron presuntamente responsables de 432 muertes.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de 366 muertes.
La Guardia Nacional Bolivariana de 136 muertes .
La policía del Estado Zulia de 124 muertes.
En general, el mayor número de muertes por este tipo de operativos se registraron en Zulia, con 323 personas asesinadas; Aragua con 148; Bolívar con 140 y Lara con 121.
En estos operativos también habrían fallecido 5 funcionarios de las fuerzas de seguridad. Otros 16 habrían resultado heridos.
Ejecuciones en un año
Entre mayo de 2019 y mayo de 2020, la oficina de la Alta Comisionada de los DDHH documentó 38 casos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados expresamente por las fuerzas de seguridad. Esto en los estados de Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Guárico, Lara, Miranda, Sucre y Zulia.
La diferencia entre «muertes violentas» y «ejecuciones» es que en estas últimas, el policía o militar dispara a una persona que ya está sometida y sin posibilidad de defenderse.
En su informe, Bachelet se refiere a funcionarios policiales y militares, pero también incluye entre los ejecutores a los «colectivos armados», grupos parapoliciales que defienden al chavismo.
Establece que en 23 de estos casos (de las ejecuciones) se identificó a las FAES como presuntos autores. Siete se atribuyeron al CICPC. Tres a los colectivos armados. Dos a la Policía Nacional Bolivariana. Una a la Dirección de Investigaciones Penales. Una al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (Conas). Y una muerte ocurrió estando bajo custodia. Al parecer fue responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana.
Operativo policial reciente en Petare. Despliegue policial buscando a Wilexis, líder de bandas en Petare
Patrón repetido
Bachelet deja claro en su informe que el de esas ejecuciones es un patrón repetido. Es decir, se hace desde hace tiempo sin ninguna corrección por parte de las autoridades gubernamentales.
«El patrón identificado en estos casos es similar al descrito en el informe de la Alta Comisionada al Consejo de Derechos Humanos de julio de 2019. Las víctimas de las muertes documentadas por el ACNUDH eran todos hombres jóvenes, en su mayoría de menos de 30 años, pertenecientes a familias de bajos ingresos de barrios desfavorecidos, caracterizados por altas tasas de delincuencia. Algunas víctimas tenían antecedentes penales, mientras que otras no los tenían y fueron presuntamente objeto de venganza personal o su muerte se debió a un error de identificación».
El informe de Bachelet incluyó un registro de detenciones arbitrarias en protestas relacionadas con deficiencia de servicios públicos.
«El ACNUDH documentó la detención de 17 manifestantes en todo el país, entre ellos menores de edad y personas adultas mayores, y tres casos de tortura y una agresión sexual a manifestantes detenidos el 20 de mayo en el estado Lara por miembros de las fuerzas de seguridad».
El historial de las FAES
Las FAES fueron creadas por Nicolás Maduro, el 14 de julio de 2017, como un brazo armado de su gobierno. Desde entonces han sido protagonistas de operativos de diversa índole. Pueden ir a un barrio a arrasar buscando a un líder de bandas delincuenciales o amedrentar a la familia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
El Estímulo, en su texto, recuerda algunos episodios en los que presuntamente han participado:
FAES detiene a diputados de la Asamblea Nacional. El Centro de Comunicación de Juan Guaidó alertó a los distintos actores internacionales sobre el secuestro de la familia Borjas en manos de la FAES
FAES secuestra al periodista Darvinson Rojas. La causa no oficial de la detención es haber publicado datos que contradicen la información del gobierno sobre los casos de coronavirus en el país. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el hecho y dijo que se busca «silenciar a medios y periodistas e inhibir el debate sobre un tema de interés para todos los venezolanos»
FAES secuestra a miembro del equipo de Guaidó. El Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia de Juan Guaidó alertó a los distintos actores internacionales sobre el secuestro de la familia Borjas en manos de la FAES
FAES y Sebin allanan oficina de Guaidó en Caracas. Actualmente, Juan Guaidó está en Europa realizando una gira para buscar apoyo internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
Investigación determina que la FAES asesinó al ganadero Carlos Tarazona. Un equipo integrado por defensores de derechos humanos y abogados reveló que el ganadero tachirense fue asesinado por las FAES.
Michelle Bachelet ha pedido al gobierno de Maduro que disuelva las FAES y ha denunciado públicamente que esta solicitud ha sido ignorada.
Detenciones arbitrarias
Durante el periodo que cubre el informe, los analistas de Derechos Humanos de la ONU documentaron 110 casos de personas, entre ellas tres mujeres, procesadas penalmente por delitos tales como traición, rebelión, incitación pública, conspiración, intento de magnicidio, terrorismo y financiación de actividades terroristas.
Entre ellas, 63 son miembros de las fuerzas armadas y 47 civiles. Muchas de ellas incluyen «torturas y malos tratos» según el informe internacional.
El ACNUDH determinó que, en el momento de la detención, no solía presentarse ninguna orden judicial y no se informaba a las personas del motivo de su detención.
«En varios casos, las órdenes de aprehensión se expidieron con carácter retroactivo, incluso con fechas de expedición alteradas, y las casas fueron allanadas sin orden judicial. La mayor parte de las detenciones fueron practicadas por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)».
Apunta un incremento de las FAES y la Guardia Nacional en este tipo de detenciones irregulares.
Otra irregularidad reportadas en estos casos fue la «desaparición temporal» de los detenidos, pues las autoridades no confirmaban el paradero de las personas a los familiares ni a los abogados durante períodos entre siete y 40 días, lo que suscitó preocupación por el incremento del riesgo de tortura y malos tratos.
Estas violaciones a los derechos humanos también las cometieron los tribunales. El informe lo dice muy claramente:
«El acceso a las personas detenidas en los centros de detención de la DGCIM y del SEBIN resultaba especialmente problemático. A los abogados no se les concedía ni el tiempo ni las condiciones necesarias para preservar la confidencialidad. En audiencias clave, los tribunales rechazaron repetidamente, sin un razonamiento claro o sin respuesta alguna, las peticiones de los abogados defensores en las que se impugnaba su competencia, los testigos o ciertas pruebas documentales».
El ACNUDH documentó 14 casos en que los abogados no tuvieron acceso a los expedientes de sus clientes y, en muchas ocasiones, el acceso a éstos sólo se concedió inmediatamente antes de la audiencia de presentación.
«Los expedientes judiciales solían contener muy pocas pruebas documentales y carecían de la mayor parte de los documentos jurídicos fundamentales, tales como la acusación. Muchas veces, la única prueba incriminatoria que figuraba en el expediente era un informe del organismo que había practicado la investigación y la detención».
Y los fiscales también
También implica a los fiscales, que no impidieron muchas de las irregularidades contra los detenidos.
«Durante el periodo que cubre el informe, el ACNUDH identificó que, de los 110 casos documentados, 41 personas habrían superado los dos años en prisión preventiva, lo cual contraviene los estándares internacionales que prohíben la detención arbitraria. Después de la audiencia de presentación, las personas acusadas de delitos de traición, rebelión o conspiración permanecían en la sede de la DGCIM, y algunas de ellas estuvieron incomunicadas durante 40 días».
Hace un aparte sobre Gilber Caro, diputado de la oposición por el partido Voluntad Popular, detenido a finales de diciembre de 2019 y sobre los implicados en la operación Gedeón, un intento de invasión
«Al cierre del presente informe, las autoridades no han comunicado oficialmente el lugar de detención del parlamentario de la oposición Gilber Caro, detenido el 20 de diciembre de 2019».
Contra médicos y periodistas
Cuatro profesionales de medios de comunicación fueron víctimas de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad. Siete fueron objeto de medidas cautelares dictadas por un juez mientras esperaban ser juzgadas. Cuatro se escondieron por miedo a ser detenidos.
«El ACNUDH constató ocho casos en que las fuerzas de seguridad, las autoridades locales y los colectivos armados intimidaron a los periodistas o les impidieron cubrir la crisis sanitaria. También la detención de seis profesionales de los medios de comunicación mientras informaban sobre COVID-19. A tres se les acusó por la Ley Constitucional contra el Odio, Convivencia Pacífica y Tolerancia», expresan.
Tres médicos fueron también sujeto de este tipo de acciones. Según la oficina de Bachelet se acreditó su detención arbitraria por denunciar falta de equipos básicos, facilitar información sobre COVID-19 o criticar al Gobierno.
Constataron, además, la breve detención por la Guardia Nacional de un defensor de los derechos humanos. Estaba ayudando a las personas que protestaban en el estado Lara.
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